*Esta noticia fue publicada originalmente por Página Siete 

Con más de 27 millones de casos de la Covid-19  y al menos unos 732.239 fallecidos, la región latinoamericana, una de las más afectadas por la pandemia. 

En medio de la muerte y la devastación que provocó el coronavirus, además de “su peor contracción económica en un siglo, cercana al 8% en 2020, con unos 40 millones de personas entrando en la pobreza”, de acuerdo con la BBC, nueve países de Latinoamérica irán a las urnas desde el 7 de febrero. 

 “Los expertos anticipan que en este contexto puede acentuarse un fenómeno que ya se veía en Latinoamérica antes de la pandemia: la tendencia a cambiar de gobernantes, que pagarán el costo de la crisis ya sean de izquierda o derecha”, añade la BBC.

El diario El Clarín, de Argentina, en una nota publicada el 23 de diciembre de 2020, sostiene que la región irá a las elecciones en un contexto de aguda crisis social, económica y política “acelerada por la pandemia de coronavirus y que tendrán como principal escenario a Chile, Perú, Ecuador y Bolivia”.

Algunas de las fechas electorales son: 7 de febrero: Ecuador va a  elecciones nacionales, 28 de febrero: El Salvador: comicios legislativos, 7 de marzo: Bolivia irá nuevamente a las urnas en las subnacionales, 14 de marzo: Honduras tendrá  primarias preparatorias para elecciones de noviembre, 11 de abril: Perú elegirá a su nuevo presidente, 6 de junio:  México va a elecciones legislativas, 24 de noviembre: elecciones legislativas en Argentina, 7 de noviembre Nicaragua realizará elecciones nacionales, 21 de noviembre   Los chilenos tendrán las elecciones nacionales.

Los gobiernos nacionales, donantes internacionales y actores relevantes a nivel nacional están solicitando y adoptando cada vez más mecanismos de participación legal y política a favor de la juventud; de manera ostensible, para promover el compromiso civil y político de la juventud y para responder a una sensación de marginación política por parte de grupos demográficos clave. Los defensores de estas medidas esperan que un mayor compromiso juvenil produzca mejores resultados políticos en un abanico de cuestiones que afectan a los jóvenes. Hasta la fecha, sin embargo, se han realizado relativamente pocas investigaciones empíricas sobre si estos mecanismos realmente mejoran la calidad del compromiso juvenil, y sobre cómo lo logran. Por otra parte, la juventud posiblemente esté gravitando hacia otras formas de participación política; por ejemplo, utilizando redes sociales y demás plataformas en línea para involucrarse en procesos de toma de decisiones.

Este informe comienza a cubrir ese vacío analizando el efecto del compromiso juvenil de cuatro mecanismos políticos y legales a favor de la juventud: estrategias para políticas nacionales juveniles, reducción de la edad mínima para votar o postularse, cupos juveniles y alas juveniles de partidos políticos. Nuestra investigación sobre estos mecanismos de participación sugiere resultados mixtos en cuanto a compromiso juvenil significativo.

El cada vez mayor cambio del discurso político y social hacia las plataformas en línea ha llevado a un aumento correspondiente en el uso de Internet como una herramienta que puede silenciar la disidencia, promover la violencia y perpetuar las desigualdades prevalecientes, incluido el acceso y el uso. La naturaleza nueva y en rápida evolución de Internet significa que muchos ciudadanos desconocen o están mal informados sobre cómo se aplican sus derechos fundamentales, como expresión, reunión y asociación, en un mundo digital.

Teniendo esto en cuenta, el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), el Instituto Democrático Nacional (NDI) y el Centro para la Asistencia Internacional de Medios (CIMA) han desarrollado los Principios Democráticos para una Internet Abierta. Estos nueve principios fueron informados por el trabajo de la Coalición Dinámica de los Derechos y Principios de Internet de las Naciones Unidas (IRPC por sus siglas en inglés), un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas del Foro de Gobernanza de Internet (FGI), pionera en los esfuerzos para explicar cómo se manifiestan los derechos humanos internacionalmente reconocidos en el espacio digital. Lo que distingue a este documento es que examina los principios generales específicamente desde la perspectiva de cómo son un componente integral de una democracia robusta.

¡Queremos compartir con todas y todos ustedes IDEAS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA!

Este vídeo es el resultado de nuestra convocatoria realizada durante el día de la democracia 2019.

Aquí Líderes e innovadores de la región comparten sus ideas y propuestas para fortalecer la democracia en sus países, desde la participación, la transparencia, la inclusión y el uso de las tecnologías.

Conversamos con Josué Godoy, Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sobre inclusión de grupos poblaciones en espacios de participación política.

El propósito de este recurso es crear conciencia sobre la amenaza de la desinformación y cómo se utiliza para socavar el funcionamiento de las instituciones y procesos democráticos. El recurso está destinado a ayudar a los activistas cívicos y políticos con interés en proteger el espacio para el diálogo informado y la deliberación pública. Esto incluye asegurar el flujo de información precisa y apoyar la práctica del discurso político civil.

Esta herramienta fue diseñada para proporcionar a las mujeres que participan en política una forma confidencial de evaluar su seguridad personal y hacer un plan para aumentarla. La violencia contra las mujeres en la política es un tipo específico de violencia que disuade que las mujeres se involucren en todas las actividades políticas: discusiones políticas, el voto y la postulación para un cargo.

Esta violencia puede tomar muchas formas, incluyendo: 

• Acoso o discriminación persistente, como ser avergonzada en los medios; 

• Amenazas y abuso psicológico, en persona o en línea, como el uso de un lenguaje vulgar o degradante; 

• Agresión física y sexual, como tocar o golpear inapropiadamente; 

• Violencia económica, como amenaza de divorcio o destrucción de materiales de campaña; y 

• Presión a las mujeres para que abandonen la política o renuncien como candidatas o funcionarias políticas

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