Guatemala

De aprobarse en el Congreso las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se modificaría el sistema de elección e integración de ese organismo, debido a que se crearán 22 subdistritos electorales en siete departamentos.

En tal caso, a partir del próximo proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) será el encargado de subdividir los distritos según la cantidad de habitantes que refleje el censo poblacional. Por el momento se estaría tomando como base el censo del 2002, a menos que esté listo el nuevo antes de junio del 2018.

La comisión legislativa había hecho una proyección de la división de distritos electorales, y aunque sería competencia del Tribunal, podrían distribuirse los subdistritos de acuerdo con la cantidad de población censada en el 2002. La proyección refleja cómo esos 22 subdistritos podrían elegir a 79 de los diputados al Congreso; es decir, más de la mitad de la próxima legislatura. 

Acá se explica cómo sería ese nuevo sistema de votación y además, facilitamos una herramienta para conocer cómo quedarían los subdistritos. El TSE será el encargado de delimitar los subdistritos de acuerdo con cantidad de habitantes.

La propuesta se suma a  dos  que fueron presentadas semanas atrás por Somos y Justicia Ya y la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep), que también buscan cambios en esa normativa.

Manfredo Marroquín,  presidente de Acción Ciudadana,  informó que  la propuesta se presentó al TSE porque es el órgano competente, a pesar de que el Congreso, por medio de la Comisión de Asuntos Electorales, discute una iniciativa de reformas.“Quisiéramos que la propuesta del TSE sea la que recoja todas las demandas de la ciudadanía respecto de reformar y armar un nuevo sistema político en Guatemala. Nuestras propuestas tienen que ver con temas que ya demostraron mucho problema en la gestión política en el país”, dijo Marroquín.

Propuesta

La presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, calificó de interesante la propuesta que planteó Acción Ciudadana porque hay dos puntos que no se han presentado en otros planteamientos.

“Llevaron propuestas interesantes y nos parecieron buenas. Ahora  seguiremos con el análisis dentro del pleno para poder integrar los proyectos en una iniciativa que pronto entregaremos al Congreso”, explicó Mijangos.

Entre los puntos que se plantearon en el proyecto destaca   la revocatoria de mandato, acción que  permitirá la participación activa de la ciudadanía al desaprobar a las autoridades gubernamentales para  poder optar por nuevas autoridades por medio de elecciones.

“La Silla Vacía” se denomina a  otra de las acciones, en la cual se plantea la imposibilidad que tendría un partido político de reemplazar a un diputado del Congreso cuando este cambie de partido o sea ligado a proceso por delitos de corrupción.  Estapropuesta ya se implementó en países como Colombia y Perú.

Además se busca que los diputados y concejos no sean reelectos de manera inmediata, sino que dejen un periodo de por medio para que otros ciudadanos puedan postularse.

Mientras  la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso discute y consenso para  reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos a su interés, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja la propia,  que busca fortalecer a las organizaciones políticas.

Los magistrados del TSE se proponen articular un proyecto de ley corta, que no abarque muchos temas sino los más importantes. La mayoría de cambios ya habían sido discutidos, aunque fueron descartados en la reforma electoral aprobada el año pasado. Los jueces electorales pretenden incluir en el proyecto de nuevo el tema de la paridad, el cual no fue aprobado por los diputados pero que el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad. Además buscan aumentar el presupuesto del TSEpara lograr mayor independencia.

La sala legislativa ya cuenta con un tercer borrador  de una propuesta de reforma electoral, la que ha puesto en descubierto la intención de los diputados de ejercer control sobre el ente electoral y lograr a la vez más beneficios para las organizaciones políticas, los magistrados del TSE mantienen la postura de rechazar lo expuesto en el borrador 3, al considerar que le resta independencia a ese alto órgano y   viola algunos preceptos constitucionales.

El presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, Óscar Argueta, indicó que lo presentado en el borrador de reformas a la Ley Electoral no está del todo asegurado ya que los diputados llevan el posicionamiento de los magistrados del TSE y el documento debe ser discutido en las bancadas y comités ejecutivos de los partidos que representan.

"El 51% de la ciudadanía latinoamericana evalúa mal el trabajo de sus congresos". Con esa premisa y bajo el lema #DileAlCongreso, 25 organizaciones de la sociedad civil impulsan en 15 países de la región la primera consulta sobre el trabajo legislativo.

La propuesta esta dirigida a mejorar la favorabilidad de los congresos por medio de la  revisión periódica de estos y evaluar a profundidad cuales son las principales necesidades e intereses de la sociedad.  Según explica Agustina de Luca, la sociedad está fragmentada por sus necesidades, lo que conlleva a que el congreso de cada país, no responda a las necesidades de forma generalizada y por ende no acate  las multiples inquietudes y demandas que posean los ciudadanos. Sin embargo agrega que "los Congresos puedan ser un espacio donde se cristalicen las demandas o problemáticas de la sociedad, y que ésta así lo sienta".

El mecanismo de participación  consta de una encuesta de 10 preguntas y tiene carácter anónimo, indaga específicamente sobre el trabajo en el Congreso, los legisladores, la representación real que la ciudadanía cree tener en el Congreso, los temas que deben ser considerados prioritarios a la hora de legislar, tales como, seguridad y delincuencia, educación, inflación, derechos sexuales y reproductivos, corrupción y equidad de género, entre otros.

La encuesta es impulsada a través de las redes sociales, si quieres hacer parte de esta innovadora propuesta, has clik aqui 

El convenio le permitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE), estar enterado de los gastos que hagan las agrupaciones antes y durante la campaña electoral.

Los firmantes fueron la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos.

Al acto llegó como testigo de honor Germán Suazo, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“El objetivo es tener el control de los recursos utilizados por las organizaciones políticas, sus orígenes y el uso en los medios de comunicación”, indicaron los magistrados.

Este convenio es parte de los compromisos adquiridos por las entidades con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas por el Congreso en abril de este año y sancionadas por el presidente Jimmy Morales el 25 de mayo.

Entre los cambios incluidos por los legisladores, contemplan dar más autoridad al TSE para que rastree las acciones de los partidos.

El TSE tendrá la potestad para fiscalizar los aportes públicos y privados a los partidos políticos.

Prohíbe la recepción de contribuciones de recursos que provengan de hechos ilícitos.

Se prohíbe a los partidos políticos contratar espacios de propaganda en los medios de comunicación, pues será el TSE, quien determine los espacios iguales para las agrupaciones.

Al principio de la lectura, el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), pedía la palabra, pero la Junta Directiva le negó el micrófono, por lo que un su compañero le sugirió hablar en inglés para que se le diera la palabra. Al parecer, Beltranena quería presentar una moción privilegiada.

La propuesta de reformas constitucionales recibió dictamen favorable de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, cuyo presidente, Oliverio García Rodas, explicó que los integrantes de esa sala llegaron a un acuerdo, aunque existe confrontación por tratarse de “un proceso histórico”.

Uno de los puntos más álgidos del proyecto de ley es el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas, las cuales aplicarían justicia de acuerdo a conocimientos ancestrales y costumbres.

García Rodas indicó que a la comisión de Legislación no le compete hacer cambios a la propuesta de modificaciones al sector justicia, sino al Pleno, por tratarse de la Constitución Política de la República.

Es decir, el Pleno dio primer trámite a la iniciativa tal como la enviaron los presidentes del Ejecutivo, Jimmy Morales; Legislativo, Mario Taracena, y Judicial, Ranulfo Rojas, pero más adelante podrían sugerirse cambios.

La formulación de la propuesta fue acompañada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en un proceso que incluyó discusiones regionales con prácticamente todos los sectores.

Linares Beltranena logró tomar la palabra para exponer que varios puntos están "erróneos" en la propuesta y que hubo "muchas prisas" en la comisión de Legislación.

De acuerdo a la orden del día, después de las modificaciones a la Constitución se le dará lectura, en primer debate, al proyecto de ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal y a la iniciativa de ley del Día Nacional de la Lucha Ciudadana Contra la Corrupción.

En segunda lectura está programado el trámite para los proyectos de ley de Alimentación Escolar, del Sistema Nacional de Archivos, reformas a las leyes General de Cooperativas, Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, y Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito.

Para tercer debate, entre otros, figura la aprobación del proyecto de ley del Sistema Nacional de Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, y ley marco para la Defensa y Protección del Consumidor.

Asimismo, se discutiría por artículos y redacción final las iniciativas de decreto para aprobar el Convenio sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, de la Organización Internacional del Trabajo; la de Protección y Bienestar Animal, la que declara símbolo patrio y símbolo nacional a la flor nacional Monja Blanca, y dos préstamos que suman US$270 millones.

Para mañana está prevista la elección de la Junta Directiva del Congreso que dirigirá ese organismo a partir del 14 de enero del 2017 y junto con ella también cobra fuerza la discusión de cómo se distribuirán las comisiones legislativas, varias de ellas muy codiciadas, señalan analistas, por el control que pueden ejercer y las negociaciones que se pueden alcanzar.

Entre las comisiones que señalan como las más disputadas se encuentran la de Finanzas y Moneda, Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Energía y Minas y Gobernación.

Jorge Wong, politólogo de la Universidad de San Carlos, señaló que la de Finanzas y Moneda es de las más apetecidas, por el manejo de los fondos públicos, aunque también ha sido manchada por la manera como los diputados han permitido la distribución del dinero.

En el caso de la de Energía y Minas, refirió que es requerida porque ahí se han manejado las licencias mineras, pese a que en consultas la población ha mostrado su oposición.

Salud y Gobernación también cobran un interés particular, según Wong. La primera, porque se relaciona con grandes cantidades de dinero que gasta el Gobierno en insumos y medicamentos, y la segunda, por la compra de armas y municiones, que son negocios a menudo cuestionados.

Wong refirió que la Comisión de Comunicaciones es prioritaria porque allí se ve la contratación de obra gris en la provincia. “Aquí es donde también viene el clientelismo de cada uno de los diputados de llevar agua a su molino, porque es uno de los puntos más fuertes a la hora de realizar campaña. Demuestra quiénes son los diputados que más poder tienen, los que mejor cabildean, y justo con eso también van las municipalidades”, comentó.

Según José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la importancia de las comisiones se concentra en la función de los temas que tratan.

“Es de interés para los partidos que quieren tener el control, mayor incidencia. Entre más quiera incidir el partido, va a buscar presidir la comisión, y aunque no la presida, puede ser parte de esta, pero lo importante de ejercer la presidencia es que tiene el control de la agenda, de lo que se discute”, explicó.

Luis Hernández, presidente de la Comisión de Salud, reconoció que en efecto hay salas que tienen mayor importancia política, por los temas que manejan, como el caso de la de Finanzas o la suya propia.

Jairo Flores, presidente de la sala de Finanzas y Moneda, declaró que bajo su dirección han cesado las antiguas prácticas y que las discusiones sobre presupuesto y otros temas han sido a puerta abierta, legado que deja para el próximo año.

En todo caso, la definición de la directiva siguiente marcará si continuará el dominio de ciertos partidos en las comisiones o si estas pasarán a otras manos, pues en este momento son moneda de cambio.

a diputada, jefa del bloque Encuentro por Guatemala (EG), encabezaría una tercera planilla que podría presentarse el próximo martes para aspirar a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, según se conoció por fuentes cercanas al parlamento.

Orlando Blanco, jefe de la UNE, no descartó que se pueda apoyar una nueva propuesta, en caso no se consigan los 80 votos necesarios para que siga Taracena en la presidencia. Según Blanco ya han tenido acercamientos con bloques minoritarios.

Los votos para respaldar a Montenegro estarían en los bloques Convergencia, Visión con Valores (Viva), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Fuerza.

Quienes buscan que Montenegro represente la tercer planilla, también se han acercado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a Todos y la Unión del Cambio Nacional (UCN), para ofrecer espacios con la condición que los aspirantes estén libres de señalamientos. Sandra Morán, Juan José Porras, Carlos Fión, Raúl Romero y Manuel Conde Orellana, son algunos de los nombres que se mencionan, integrarían la nueva planilla.

Por otro lado, Nineth Montenegro confirmó que hay un acercamiento entre otras bancadas y que sí le han ofrecido el apoyo para que presida el Congreso el próximo año. “Nos han llegado a hablar para ser una tercera opción, el lunes lo hablaremos en la bancada (…) si no hay votos para ninguno de los dos, entonces platicaremos”, dijo Montenegro.

Taracena y García Rodas este miércoles no han manifestado ninguna opinión respecto a la elección de la Directiva, se sabe extraoficialmente que sería hasta el lunes que se tendrían los últimos acercamientos y cada quién conseguir los consensos necesarios para presentar la planilla el próximo martes.

Aunque los alcaldes a través de la Asociación Nacional de Municipalidades solicitaban compras directas hasta por Q150 mil, con las reformas se autorizan hasta por Q90 mil, tal como estaba fijado hasta  noviembre del 2015, cuando se aprobó la ley vigente.

Las compras directas podrán efectuarse por medio de oferta electrónica, que consiste en cotizar, aunque no se obliga a conformar una junta de licitación; es decir,  la entidad compradora puede elegir la mejor oferta.

Los cambios también permiten efectuar contratos abiertos individuales a los ministerios de Gobernación y Educación. En la ley anterior los únicos que tenían este permiso eran Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Uno de los aspectos que generó retrasos en la aplicación de la subasta inversa fue la supuesta incapacidad que tenía el Instituto Nacional de Estadística para generar un catálogo de precios, por lo que se otorgan 36 meses para la creación del mismo. Sin embargo, esta modalidad se podrá utilizar teniendo como referencia el Índice de Precios al Consumidor y otros instrumentos que se deberán publicar en Guatecompras.

Entre las reformas se establecen autoridades competentes para las adquisiciones. Si las compras son abajo de Q900 mil, los funcionarios administrativos se responsabilizarán de las mismas, pero si exceden a ese monto las juntas directivas o autoridades superiores deberán conocerlas y avalarlas.

La integración de las juntas de licitación también fue modificada; antes estaban representadas por cinco integrantes, ahora serán tres.

Una de las principales quejas de funcionarios y alcaldes fue la contratación de servicios básicos, ya que muchos sobrepasaban los montos establecidos en la ley que se modificó el año pasado.

En las nuevas reformas se permite contratar de manera directa la energía eléctrica, el agua potable, la extracción de basura y la telefonía fija.

El presidente Jimmy Morales exhortó a los diputados continuar el esfuerzo al apelar que en el país haya una justicia "pronta y cumplida". Declaró, "habrá resistencia al cambio, pero debemos recordar que la patria espera y exige más de nosotros".

Antes, Ranulfo Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se expresó satisfecho de que la sociedad civil se haya involucrado en dar aportes para el fortalecimiento institucional de los órganos de justicia.

La iniciativa de reforma constitucional empezó a nivel técnico entre el MP y la Cicig, cuyo documento base fue puesto a discusión en mesas de trabajo con la sociedad civil en toda la República.

Durante la actividad el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, sugirió a los diputados que se aprueben las reformas que se presentan y que se haga un estudio objetivo de las propuestas.

A continuación algunas propuestas de reforma, que serán conocidos y pueden ser modificados por el Legislativo:

Con respecto al antejuicio, figura que desaparezca ese privilegio del que gozan algunos funcionarios. Con respecto a la carrera judicial, se declara que debe ser carrera cerrada y que el ingreso debe ser desde judicatura de paz, no se debe dar acceso a abogados externos a Primera Instancia y Apelaciones. Además, se expresó la necesidad de profundizar entre los mecanismos de coordinación de los dos sistemas y establecer el alcance de la jurisdicción indígena en su territorio.

Otro de los cambios importantes, fue que se presentaron modelos de procedimientos para la selección del fiscal general y se sugirió que  se amplíe  el período de funciones.  Así mismo, se propuso incluir otras leyes relacionadas con la reforma en el artículo 33 transitorio e incluir artículos sobre la finalización de períodos de magistrados.