Partidos Políticos

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el martes, en el marco de la reforma electoral, el dictamen que propone la eliminación de las organizaciones políticas locales, es decir, provinciales y distritales. El objetivo de esta norma, aprobada por mayoría y propuesta por la bancada de Alianza Para el Progreso, es fortalecer a los partidos políticos y evitar la fragmentación.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, cuestionó que las organizaciones políticas locales sean utilizadas como "vientres de alquiler" y que su condición temporal no garantice los mecanismos de rendición de cuentas.

“Hoy la norma actual permite que estas organizaciones desaparezcan de la vida política al culminar una elección. Es un incentivo perverso para quienes quieran comprarse una candidatura y se convierte en una especie de vientre de alquiler”, comentó en diálogo con la agencia Andina.

Durante el debate, la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) opinó que este dictamen es pertinente y que las leyes no son para cambiar lo existente, sino para regularlo.

Por su parte, el oficialista Gilbert Violeta expresó que eliminar los movimientos distritales era un avance en la reforma electoral.

Las sanciones emitidas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra cuatro partidos políticos que no podrían participar en las elecciones regionales de 2019 en varios municipios y departamentos levantó molestias en el país.

Pese a que la medida dada a conocer el pasado lunes penaliza, por ejemplo, al Partido de La U en la Asamblea del Valle del Cauca y concejos de cuatro municipios, el senador Roy Barreras aseguró que “sí va a haber listas en las elecciones de 2019”.

Sostuvo que las sanciones no solo afectan a su colectividad, sino a todos los partidos (ya van siete y los otros seis están investigados). “Como están las cosas, entonces se van a acabar todos los partidos”, alertó. Por eso, anunció que esa, la Ley 1475 de 2011, fue incluida dentro de las que serán modificadas en la actual reforma política que cursa su trámite en el Congreso de la República. Explicó que lo que se pedirá es que las sanciones sean aplicadas a los individuos y no a las instituciones, como ocurrió con ‘la ley de la silla vacía".

Sin embargo, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, dice que ello no podría ocurrir porque se estaría violando ‘el principio de consecutividad’ porque esa modificación no se incluyó desde el principio en la reforma.
Además, calificó de afortunada la decisión del CNE: “No solo puede ser responsabilidad del individuo, sino del gerente de campaña, de sus presidentes, de quien entregan el aval”.

Por su parte, el magistrado el CNE Armando Novoa quien llegó a la entidad en 2014, dijo que hay que sancionar tanto a partidos como a individuos porque dejar por fuera a alguno “crea incentivos perversos para que unos se descarguen en otros”.
Admitió que la reacción al aplicar la es “la pérdida de credibilidad, además porque es un deber hacerlo. Este Consejo está tratado de demostrar que es independiente (pero creo que aún así no lo logrará)”.

El partido oficialista Peruanos por el Kambio (PpK) ratificó por unanimidad su pleno respaldo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, durante una asamblea general extraordinaria realizada en la tarde del viernes 8 de Septiembre. El respaldo, partidario y militante, se da en defensa de la gobernabilidad, democracia y deseos de prosperidad y modernidad del país, indicó PpK a través de un pronunciamiento.

El partido representa la memoria viva de los compromisos ofrecidos en la campaña electoral, y que se debe persistir en su cumplimiento, motivo por el cual se constituyen en garantes políticos para su implementación.

El presidente del partido, Gilbert Violeta, destacó que se trata de un respaldo institucional unánime al jefe de Estado por la gobernabilidad del país, y recordó que sin partidos no hay democracia ni gobernabilidad.

De acuerdo con el documento, la agrupación política se ratifica en su ideario y plan de gobierno

Desde que pasaron las elecciones del 15 de mayo del 2016, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), comenzaron la lucha por el control de la organización y por imponer sus criterios en la toma de decisión.

La lucha de tendencias en los cuatro partidos mayoritarios del país genera estrés intenso y casi permanente en esas organizaciones.

Sin embargo, desde esa fecha, el partido que ha sido más afectado es el PRD, que en el último mes ha sufrido una especie de “hemorragia” de diputados y dirigentes que han pasado al PRM. Igualmente, a pesar de que el presidente de la organización, Miguel Vargas, tiene el control absoluto de su partido, en los últimos tiempos hay una especie de rebelión interna de algunos dirigentes como Aníbal García Duvergé, que aspira a la presidencia y hace oposición a Vargas. 

Igualmente, difieren en las primarias simultáneas; Medina las apoya y Fernández rechaza que se incluya ese sistema en la ley de partidos porque ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el 2005 y variar el fallo sería violatorio del artículo 277 de la Constitución.

Al menos en apariencia, el partido Moderno es el que menos problemas de contradicción tiene entre sus principales dirigentes, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Sin embargo, los pronósticos del futuro inmediato no son buenos pues todo indica que entre Mejía y Abinader se producirá una lucha casi a muerte por la candidatura presidencial. Esa realidad se complica más porque esa organización no cuenta con padrón interno y ahora está inmersa en el proceso de elaboración, pero las quejas sobre el camino que ha tomado ese proceso son cada vez más abundantes en ese partido. 

Luego de cinco años, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó multas por 193.9 millones de pesos a los partidos que conformaron las Coaliciones Compromiso por México y Movimiento Progresista, alianzas que compitieron en las elecciones de 2012; sin embargo, se acordó que dichas sanciones económicas serán cobradas después de los comicios del 1 de julio de 2018. 

El proyecto aprobado señala que al Partido Revolucionario Institucional se le impone una multa de 78.9 millones de pesos, mientras que al Partido Verde la sanción será de 19.5 millones. Ambos partidos conformaron la coalición Compromiso por México que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia, y son multados porque al momento de prorratear los gastos de campaña, lo hicieron de manera indebida al incluir a candidatos que no iban en la alianza.

Por su parte, al Partido de la Revolución Democrática se le puso una multa de 47.7 millones de pesos, al Partido del Trabajo su sanción económica ascendió a 24.8 millones de pesos y para Movimiento Ciudadano fueron 22.9 millones de pesos. Estos institutos políticos se sumaron en 2012 para crear la coalición Movimiento Progresista cuyo candidato fue Andrés Manuel López Obrador, y los castigos económicos se deben por rebase en los topes de campaña de hace cinco años.

Pese a que se confirmaron las multas, éstas serán aplicadas hasta después del 1 de julio (cuando sea la próxima elección presidencial)