La representante del Movimiento de Mujeres Segovianas, Haydée Castillo Flores, demandó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que le exija al Gobierno de Nicaragua que las elecciones del 6 de noviembre “sean suspendidas, que haya nuevas elecciones para poder primero reformar la Ley Electoral, que volvamos al pluralismo político y tener un Consejo Supremo Electoral completamente transparente y apartidista”.

Expertos en Derecho Internacional, miembros de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos reaccionaron ayer en Ocotal, departamento de Nueva Segovia, sobre el anuncio de conversaciones de la Organización de Naciones Unidas (OEA) y el Gobierno de Nicaragua.

Para Castillo en las condiciones actuales “no podemos ir a elecciones porque no tenemos ninguna garantía de que se respete el voto ciudadano” y recalcó que en las conversaciones “por primera vez se le tiene que dar la vocería a los movimientos sociales, campesinos, indígenas, a las mujeres, que no se nos está tomando en cuenta, como manda la Constitución de la República”.

Entre esas condiciones para que se realicen elecciones limpias y transparentes, Castillo mencionó “hacer una nueva Ley Electoral, un nuevo Consejo Supremo Electoral, nuevas garantías de observación internacional, un instituto de cedulación independiente, unas nuevas Juntas Receptoras de Votos y que los representantes de los partidos políticos no sean jueces y partes del proceso”.

El presidente del Tribunal Electoral del Partido Aprista, Moisés Tambini del Valle, estimó que la realización de las elecciones internas y del congreso nacional del Apra serían pospuestos por unos 15 días más de la fecha prevista inicialmente, tras subsanarse las observaciones hechas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El personero del partido ya cumplió con el trámite correspondiente y registró al tribunal. Ahora estamos a la espera de la resolución del JNE confirmando nuestro reconocimiento, con lo cual daremos cuenta a la Comisión Política del Apra y, esta instancia, deberá señalar día y hora del congreso”, explicó Tambini a la agencia Andina.

En ese sentido, el presidente del Tribunal Electoral aclaró que en ningún momento el congreso partidario o las elecciones internas fueron suspendidos y que, por tanto, no se va a realizar una convocatoria nueva sino que se reprogramarían las fechas en un máximo de 15 días.

Cabe anotar que el Apra convocó a elecciones internas para el 30 de octubre para definir a los cuatro altos cargos dirigenciales y alrededor de 500 delegados, que participarían en el congreso partidario de noviembre próximo. Sin embargo, el JNE hizo observaciones al proceso, entre la cuales figuraba que el Tribunal Electoral no había sido registrado.

Tambini del Valle dijo que, en tanto, los miembros de las diversas comisiones involucradas en la realización del congreso no se han detenido y continúan trabajando sin descanso.

Asimismo, añadió que el tribunal electoral sigue preparando el padrón de afiliados del Apra y mañana a más tardar tendrá definida la conformación de los Tribunales Regionales. Estos, a su vez, designarán a los entes regionales para luego hacer lo propio con los distritales.

Moisés Tambini dijo luego que las observaciones del JNE han sido de carácter administrativo y ya están solucionadas. “Por tanto, todos los apristas pueden estar seguros que se respetará la voluntad de las urnas y, por ello, los invoco a inscribirse”.

La Asamblea Nacional comenzó esta semana una carrera contra el tiempo para discutir y aprobar importantes proyectos de ley, entre los que figuran el que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2017 y la iniciativa legislativa 292 de reformas al Código Electoral.

Además de estos dos temas de interés nacional, sigue pendiente la elección de la figura que reemplazará al magistrado del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla.

Al Órgano Legislativo le restan solo 12 días del periodo ordinario de sesiones, que termina el 31 de este mes, para someter a discusión estas propuestas.

El secretario general de la Asamblea, Franz Wever, aseguró que la mayor parte del tiempo que falta de este periodo se lo dedicarán a estos tres temas, y dependerá de la junta directiva incluir en agenda otras iniciativas.

Incluso, la eventual discusión y aprobación en segundo debate del proyecto que reforma el Código Electoral todavía es incierta.

El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno el 5 de este mes, y ayer entró en el punto 39 del orden del día.

“Nosotros esperamos que la Asamblea, con el sentido de responsabilidad patriótica, altere el orden del día y entre prontamente en el segundo y tercer debate de este proyecto de ley, que es indispensable para el buen funcionamiento del sistema electoral”, manifestó el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla.

Otros proyectos también seguirán en la lista de espera para ser analizados y aprobados durante el ciclo ordinario legislativo, que empezará el 2 enero de 2017.

Por ejemplo, la propuesta sobre el veto presidencial al proyecto 305, que reforma la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. Las objeciones del presidente Juan Carlos Varela a esta iniciativa llegaron a la Asamblea el 15 de junio pasado, pero hasta la fecha no han sido consideradas.

También permanece en suspenso la discusión en primer debate del proyecto de ley 61, por el cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud.

Otra iniciativa que está en lista de espera es la que reforma la ley de carrera administrativa, cuya discusión en el pleno fue paralizada.

El presidente del Instituto Electoral de México, Lorenzo Córdova Vianello, considero que para reforzar la democracia, los partidos políticos deben rendir cuentas y ser plenamente transparentes. Aseguró que la democracia se fortalece cuando hay partidos que practican la transparencia. “Una democracia robusta debe superar la entrega de los votos a un candidato por imagen”.

DIFERENCIA

Aún cuando faltan un poco más de dos años para las elecciones generales del país, los partidos políticos confían en que los cargos legislativos y municipales puedan ser ocupados por la juventud y, aunado a esto, esperan que su voto pueda hacer la diferencia en los resultados.

La población electoral juvenil es un sector importante y su participación en la determinación de los resultados en los comicios es muchas veces decisiva.

No obstante, un informe elaborado a principios de este año por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), demuestra que la proporción de los jóvenes en condición de electores no ha podido traducirse en una mayor presencia en los cargos o puestos de elección.

Para el próximo proceso electoral, que se celebrará en 2019, se espera que entre 900 mil y 960 mil jóvenes panameños estén facultados para ejercer el voto.

Sin embargo, ¿qué están haciendo los partidos políticos para cumplir estas expectativas?. La respuesta no es una sorpresa, pero es un punto que tienen en común el panameñismo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y el Partido Popular: capacitar y formar políticamente a los más de 300 mil jóvenes inscritos en cada uno de esos colectivos.

CAPACITACIONES

Luego de que la nueva cúpula del panameñismo, liderado por José Luis Popi Varela, fuera ratificada hace una semana, la diputada Katleen Levy quedó al mando de la Secretaría Nacional de la Juventud. Levy en su discurso y ante miles de convencionales se comprometió a brindar capacitaciones sociales y de desarrollo a la juventud panameñista, a quienes les aseguró que harán mucho más que solo “repartir volantes”.

Una de las principales iniciativas para los más de 100 mil jóvenes, aproximadamente, que tiene el partido, será habilitar un espacio a través de las nuevas tecnologías para que puedan opinar, gracias a un registro especial para los que aún no alcanzan su mayoría de edad y que todavía no pueden inscribirse (15 y 17 años).

En el caso del PRD, en el que están próximos a escoger su nueva directiva este 30 de octubre, la Dirección Nacional de la Juventud también será renovada.

En tanto, hasta hoy, CD no cuenta con una fecha establecida para celebrar sus elecciones internas, no obstante, hay cuatro candidatos a la Secretaría Nacional de la Juventud dispuestos a asumir ese compromiso.

Por su parte, Valdés dijo que se encuentra desarrollando un proyecto llamado “Guardianes del Voto” que está centrado en formar a los jóvenes del CD para que sean los jurados de mesa en las próximas elecciones generales.

Cambio Democrático tiene aproximadamente unos 125 mil jóvenes inscritos, lo que hace que sea el partido más joven hasta la fecha del país.

En lo que respecta al Partido Popular, los jóvenes están siendo preparados a través de talleres y seminarios dictados en distintas partes del país, así lo explicó Juan Gabriel Ramos, secretario nacional de la Juventud de este colectivo.

VIGILAN FONDOS

Actualmente, el TE fiscaliza $5.4 millones que ha destinado para el quinquenio (2014-2019) a las agrupaciones políticas para el renglón de capacitación.

El magistrado presidente del TE,  Erasmo Pinilla, explicó que algunos colectivos han interpretado que las reuniones internas del partido se pueden financiar con el subsidio de capacitación. Esto está siendo revisado por el TE, dijo.

Convocatorias ciudadanas para fortalecer las plataformas de defensa y apoyo dentro de los grupos políticos incrementan al aproximarse la contienda electoral del 2017.

La convocatoria a elecciones será este martes 18 de octubre y al día siguiente comenzarán las inscripciones de candidaturas para los binomios de presidente, vicepresidente; de asambleístas nacionales y provinciales; y parlamentarios andinos.

Una estrategia es fortalecer militancia en redes, construir grupos de veedores electorales, y aumentar los ciudadanos.

El movimiento Alianza PAIS (AP) busca captar respaldo y difusión de su gestión en redes sociales por lo que su líder, el presidente Rafael Correa instó a crear Comités de la Revolución Ciudadana (CRC) virtuales.

“¿Por qué no hacemos CRC en redes? Gente dispersa, sin conocerse, pero unidas por la Revolución y la Patria a través de la tecnología”, escribió en su cuenta Twitter, el pasado 19 de septiembre.

Para Luis Monge, secretario nacional de Organización Territorial de AP, las palabras del presidente invitan a que los CRC existentes fortalezcan su presencia en redes sociales. “Más allá del accionar político en las calles, también debe ser en redes sociales. Incluso esos temas son abordados en los talleres para los precandidatos debido a su importancia”.

Agrega que no necesariamente es crear un CRC virtual, sino que cada militante desde su cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, u otras, divulgue las acciones políticas de AP.

En el lado de la oposición, el candidato Guillermo Lasso convocó a organizar las Familias CREO. Este plan busca captar interés de ciudadanos que deseen “cuidar el voto”, no solo serán adherentes, sino también ciudadanos sin afiliación.

Para Roberto Gómez, director de CREO Guayas, pueden ser simpatizantes, militantes o familias que busquen salir del continuismo y quieren comprometerse en ser veedores en los recintos electorales.

Sebastián Ibarra, presidente de las juventudes de Izquierda Democrática (ID), expresó que fortalecen la creación de organizaciones ciudadanas en barrios. “Los hemos llamado células porque es la expresión de organización más pequeña que concentra la esencia del ciudadano y de sus necesidades”. Ese plan se realiza desde antes que la ID consiga su calificación.

Y en Guayaquil se construye una plataforma juvenil llamada la Cantera 6. Su accionar se enfoca en fortalecer la formación política en jóvenes para consolidar semilleros y militantes competitivos.

La Asamblea Legislativa aprobó ayer una reforma a la Ley de Partidos Políticos para que, a más tardar el 4 de agosto de 2017, se tengan definidas las listas de candidatos a alcaldes, concejales y diputados que participarán en las elecciones de marzo 2018.

Además contempla la obligación de que los aspirantes presenten una declaración jurada ante el partido de que están solventes con el Ministerio de Hacienda, las alcaldías y, si fuera el caso, con el pago de la pensión alimenticia en la Procuraduría General de la República (PGR), previo a la inscripción.

Entre las modificaciones también se establece que los finiquitos que extiende la Corte de Cuentas de la República (CCR) mantengan validen hasta la inscripción o denegatoria definitiva de la candidatura, aunque estos hayan sido expedidos previo a la convocatoria de elecciones.

La convocatoria para dicho evento electoral está prevista en octubre de 2017 y pretende ajustar los tiempos a la logística del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los diputados también reformaron el plazo para presentar la solicitud de inscripción de un pacto de coalición, el cual será de 120 días antes de la fecha señalada por el TSE para las elecciones.

La medida contó con el respaldo de 64 diputados de todos los partidos políticos.

Un anteproyecto de ley para que el 30% de los puestos en juntas directivas de instituciones públicas sea ocupado por mujeres fue propuesto en la Asamblea Nacional. Se trata del anteproyecto 56, presentado en la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia por la diputada Katleen Levy del Partido Panameñista. "Históricamente, la participación de las mujeres en la vida pública ha enfrentado obstáculos importantes, habida cuenta del poco apoyo que recibe de parte de los diferentes sectores de la sociedad, especialmente el gubernamental, produciéndose una discriminación de la mujer en las funciones públicas al no ser tomadas en cuenta de forma contundente", precisa Levy en su exposición de motivos. En la actualidad, el estado panameño tiene 85 organismos públicos, entre ministerios, direcciones y secretarías. "Lamentablemente la intervención de las mujeres en las juntas directivas es mínima o nula, lo cual representa un reprochable retroceso en los avances de la participación femenina en los gobiernos, siendo muy pocos los espacios que las mujeres ocupan en estas, por lo que ha sido tendencia internacional luchar por que las legislaciones contemplen cuotas de participación de las mujeres tanto en los puestos de elección popular, como en los cargos públicos por designación, por lo que consideramos necesario legislar para que, por lo menos, una mujer sea incluida en las juntas directivas de las instituciones estatales", añadió Levy. 

Los precandidatos presidenciales Guillermo Lasso (CREO) y Paco Moncayo (Acuerdo Nacional por el Cambio) abrieron sus agendas de reuniones a distintas agrupaciones sociales con el fin de incorporar demandas y buscar nuevos apoyos.

Anteayer, Lasso estuvo con los representantes del Frente Unido de Abogados del Guayas para tratar temas relacionados con la Función Judicial y propuestas de reforma.

La cita, que fue organizada por ese gremio de profesionales, se desarrolló en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, en Guayaquil.

Juan Vizueta, directivo del Frente, indicó que las puertas están abiertas para escuchar las propuestas. “Si aquel candidato se compromete a restaurar la democracia en el país, tengan la seguridad de que nos vamos a convertir en los más fervientes apoyadores (...). Si ese candidato se aleja de esta propuesta del Derecho Constitucional, nos vamos a convertir en los más feroces detractores...”.

Lasso concuerda con Vizueta en que debe haber una reforma en el sistema judicial, pero plantea una asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Para lograr que la justicia sea un poder independiente, que sea técnica y que sea transparente”, señaló.

En esa línea, los abogados tienen previsto reunirse con Cinthya Viteri (de la Unidad) a fines de este mes.

Mientras tanto, en Quito, Paco Moncayo reiteró ayer su interés porque su binomio sea una mujer de la Costa, a lo que agregó que debería tener “por lo menos, espíritu joven“. El nombre de la persona que vaya en papeleta con él se conocerá a fines de este mes.

Esas declaraciones las dio luego de reunirse con la agrupación YASunidos, que le planteó una agenda medioambiental de siete puntos, entre los que destacan una transición hacia una economía no extractivista, la despenalización de la protesta social y revisión de los casos de los activistas enjuiciados, así como la suspensión de la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

“Acogemos la agenda de Yasunidos en los siete puntos, con las observaciones del caso”, señaló el candidato tras una hora y media de reunión a puerta cerrada con los activistas.

El colectivo informó que seguirá reuniéndose con otros candidatos. Para hoy tienen previsto recibir a Lasso. 

Aunque los alcaldes a través de la Asociación Nacional de Municipalidades solicitaban compras directas hasta por Q150 mil, con las reformas se autorizan hasta por Q90 mil, tal como estaba fijado hasta  noviembre del 2015, cuando se aprobó la ley vigente.

Las compras directas podrán efectuarse por medio de oferta electrónica, que consiste en cotizar, aunque no se obliga a conformar una junta de licitación; es decir,  la entidad compradora puede elegir la mejor oferta.

Los cambios también permiten efectuar contratos abiertos individuales a los ministerios de Gobernación y Educación. En la ley anterior los únicos que tenían este permiso eran Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Uno de los aspectos que generó retrasos en la aplicación de la subasta inversa fue la supuesta incapacidad que tenía el Instituto Nacional de Estadística para generar un catálogo de precios, por lo que se otorgan 36 meses para la creación del mismo. Sin embargo, esta modalidad se podrá utilizar teniendo como referencia el Índice de Precios al Consumidor y otros instrumentos que se deberán publicar en Guatecompras.

Entre las reformas se establecen autoridades competentes para las adquisiciones. Si las compras son abajo de Q900 mil, los funcionarios administrativos se responsabilizarán de las mismas, pero si exceden a ese monto las juntas directivas o autoridades superiores deberán conocerlas y avalarlas.

La integración de las juntas de licitación también fue modificada; antes estaban representadas por cinco integrantes, ahora serán tres.

Una de las principales quejas de funcionarios y alcaldes fue la contratación de servicios básicos, ya que muchos sobrepasaban los montos establecidos en la ley que se modificó el año pasado.

En las nuevas reformas se permite contratar de manera directa la energía eléctrica, el agua potable, la extracción de basura y la telefonía fija.

Cincuenta mujeres se inscribieron como candidatas a miembros de la nueva Junta Central Electoral (JCE) que apresta a conformar el Senado de la República para el cuatrienio 2016-2020.

Es el mayor número de féminas que en los 93 años que tienen de creada la JCE, aspira a ser miembro de su pleno, del que hasta ahora solo han sido parte dos mujeres: Aura Celeste Fernández y Rosario Graciano de los Santos.

Las aspirantes: Entre ellas destacan por el rol que desempeñan o han desempeñado en la sociedad, la jueza Alba Luisa Beard Marcos, quien puso fin a 17 años de ocupación de terrenos del Estado en Bahía de las Águilas; Carmen Imbert Brugal, jurista, escritora y columnista del periódico HOY; Rafaelina Peralta Arias, exoficial del Estado Civil y exmiembro de la JCE, y la actual miembro Graciano de los Santos. También la directora del Registro Civil, Dolores Fernández, y la exdiputada reformista Agne Berenice Reynoso.

También, Olga Haché Rodríguez, Raquel D. Popote Vilorio, Rosa Pérez de García, Altagracia Cedeño Aquino, Sonia A. Hiciano Herrera, María S. Mota Paredes, Bellanira Piña Benítez, Betty F. Vargas Acosta, Catalina Ferreras Cuevas, Josefina A. Adames Contreras, Santa M. Reyes Valenzuela, Mayra M. Goris, Rosa J. Mejía Cruz, Wendy Gómez Peña, Ayda M. Angomás Rodríguez, Gladys E. Sánchez Richiez, Ayadirys F. Flete de Gil, Ninoska Isidor Imseng, Dulce J. Victoria Yeb, y Margarita A. Villar de Correa, Julia V. Mercedes Goico Morales, María Febles de Rodríguez, Fermina Reynoso, Enna A. de Castro de Mercedes, María L. Sosa de Medina, Milagros Hilario Liz, Fanny A. Sánchez Pujols, Zoila M. Cedeño Martínez, Francisca A. Hernández Díaz, Sonia J. Cabrera Medrano, y Enelia Santos de de los Santos.

Completan la lista de mujeres aspirantes a miembro de la JCE, Francisca S. Calderón Collado, Leyda M. Cruz de Lemoine, Quisqueya A. Calderón Peguero, Ramona A. Luna, Nelly de los Santos Guzmán, Sabriny Novas Pérez, Albania Jacqueline Navarro, Rhina A. Díaz Tejada, Lourdes T. Salazar Rodríguez, Glenys M. Pérez Durán, Luz M. Núñez de Méndez, Beatriz Jeannette Martínez Collado y Belkis A. Moreta de los Santos.

El pleno de la JCE lo componen 5 miembros.