Reformas políticas

El Jurado Nacional de Elecciones también estableció el número mínimo de afiliados que necesitarán los movimientos regionales para inscribirse ante el ROP

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el número mínimo de afiliados para la inscripción de partidos políticos, movimientos regionales y departamentales ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), basado en la Ley N° 30995, que modificó la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, suspensión, cancelación y renuncia a organizaciones políticas.

La resolución número 0345-2019-JNE, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, indica que el número mínimo de afiliados para la inscripción de un partido político es de 24.800 (equivalente al 0,1% de los ciudadanos que están habilitados para sufragar en las elecciones congresales del 2020).

La Ley N° 30995 forma parte de la reforma política que impulsó el presidente Martín Vizcarra y fue publicada el 17 de agosto pasado. Esta no fue considerada para las elecciones parlamentarias de enero del 2020.

Para la inscripción de movimientos regionales, el JNE también estableció la cantidad de electores (equivalente al 1% de la cantidad de electores hábiles por región en las elecciones regionales y municipales del 2018). Además, detalló que en ningún caso puede haber menos de mil afiliados y no más de las tres cuartas partes de los afiliados pueden tener domicilio en la misma provincia.

Los movimientos regionales cuentan con el plazo de un año, contado a partir de la adquisición de formularios, para el registro de sus afiliados y para la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La denominación del movimiento regional se reserva desde la compra del formulario.

Nueve candidatos de los principales partidos en contienda plantean sus propuestas sobre este debate.

Tras el cierre del Congreso, el debate sobre la reforma política quedó inconcluso. Representantes de los principales partidos políticos coinciden en la necesidad de retomar esta discusión y manifiestan su posición sobre la bicameralidad, la inmunidad parlamentaria, la reelección y otras propuestas relacionadas al tema.

1. ¿Es prioridad terminar de debatir la reforma política?

Mónica Saavedra - Acción Popular

Considero que es una prioridad. Los rostros nuevos de este Congreso vamos a tener la experiencia de lo que se hizo y vamos a mejorarla. Hay que terminar lo que ya se inició y buscar nuevas alternativas [a lo que ya se aprobó].

Diethel Columbus - Fuerza Popular

A título personal, creo que debemos hacer el esfuerzo por acordar todo aquello que nos permita llegar ordenados al bicentenario. Las propuestas hechas en el último periodo pueden servir de insumos.

Omar Chehade - Alianza para el Progreso

Estoy convencido que el 60% de la actividad del próximo Congreso va a ser la reforma política. Esa va a ser una de nuestras banderas.

Carolina Lizárraga - Partido Morado

Somos conscientes que los ciudadanos desean llegar al bicentenario con todas las reformas realizadas. Sin embargo, hay reformas constitucionales que requieren un proceso de maduración. En este corto periodo deberían llevarse a cabo las urgentes. Queremos hacer bien las 44 propuestas que llevamos. Vemos las elecciones del 2020 y del 2021 como un bloque.

Mauricio Mulder - Partido Aprista

No tendría ningún problema en mandar al archivo las propuestas de la comisión que presidió Fernando Tuesta. Ese paquete hiperburocratiza la vida política. Sí, hay que hacer una reforma; empezaría de cero.

Rocío Silva Santisteban - Frente Amplio

Es una de las prioridades y el motivo por el cual se cerró el Congreso anterior: la gente pide que se tome el toro por las astas. Sin embargo, lo veo bien difícil. Algunos temas no podrán verse por el poco tiempo que habrá.

Carlos Torres Caro - Vamos Perú

Es absolutamente prioritario y debe ser acabada por este nuevo Parlamento para sentar las bases del bicentenario. Los proyectos pendientes deben ser el insumo.

Grace Baquerizo - Juntos por el Perú

Varios de esos proyectos tienen que discutirse ahora porque hay necesidad de democratizar la política.

Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

Claro que sí. Y revisar los aprobados que fueron hechos a la medida del fujimorismo.

2. ¿Se debe eliminar la prohibición de la reeleción de congresistas?

Mónica Saavedra - Acción Popular

Yo no estoy de acuerdo con la reelección, ya fue tema del referéndum y de la decisión del pueblo.

Diethel Columbus - Fuerza Popular

Esta no fue una reforma cualquiera. En lo personal estoy en contra del cambio, pero nace de un referéndum. Tiene una tratativa distinta, no se puede tocar por un tiempo.

Omar Chehade - Alianza para el Progreso

No, vamos a dejarlo así por el momento. Hay voces discrepantes, y al ser impopular no queremos azuzar a la población con un tema álgido.

Carolina Lizárraga - Partido Morado

Este tema aún no está considerado dentro de los ejes que hemos propuesto, pero puede estar en el diálogo. Creo que la decisión se tomó muy rápido y no es muy saludable. Si no les permites seguir a los políticos que se forman en un partido, esa experiencia se pierde.

Mauricio Mulder - Partido Aprista

En un Congreso como el actual, pequeño, sin el contrapeso de un Senado, dejaría las cosas como están. Si creamos cámaras de senadores y diputados, este tema se tendría que revisar.

Rocío Silva Santisteban - Frente Amplio

El pueblo aprobó que no se vuelvan a reelegir los congresistas y hay que respetar lo aprobado.

Carlos Torres Caro - Vamos Perú

La reelección ha sido zanjada por referéndum.

Grace Baquerizo - Juntos por el Perú

Sería poco serio que se vuelva a debatir este tema cuando obedeció a una práctica política que tuvieron los partidos de mantener a personas por largo tiempo. No es una prioridad.

Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

Creo que [la prohibición de reelección de congresistas] le quita derechos al votante. Pero toda vez que hubo un referéndum, esto debe respetarse.

3. ¿Se debe retornar a la bicameralidad del Parlamento?

Mónica Saavedra - Acción Popular

Sí estamos de acuerdo con la bicameralidad porque es necesario que las leyes se revisen mejor, tendríamos mejor representación. Los detalles [sobre las funciones] deberíamos definirlos en el Parlamento.

Diethel Columbus - Fuerza Popular

La pregunta para el referéndum fue clara. Y la respuesta fue no. En lo personal estoy de acuerdo con la bicameralidad, es un debate interesante pero se tendrá que analizar el impacto jurídico del referendum del año pasado.

Omar Chehade - Alianza para el Progreso

Para el partido es uno de los proyectos; para mí es un buque insignia. Si algo no ha funcionado en el Perú son los congresos unicamerales. Pero las dos cámaras no deberían ser gemelas. La de diputados tendría iniciativa legislativa, y la de senadores, revisora.

Carolina Lizárraga - Partido Morado

No está dentro de nuestra propuestas pero estamos llanos al debate, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido tema de referéndum pero se sostuvo que fue desnaturalizada. Amerita discutirse más y alcanzarla, si no fuera en este periodo, en el 2021.

Mauricio Mulder - Partido Aprista

Vamos a plantear el retorno a la bicameralidad. Se podría hacer que el Senado se elija a mitad de gobierno para que no calce con las elecciones generales, y tenga una continuidad mayor a los gobiernos.

Rocío Silva Santisteban - Frente Amplio

Lamentablemente, debido a la estrategia del fujimorismo, la reacción de la ciudadanía fue de rechazo tajante. Personalmente pienso que se debe regresar a la bicameralidad pero solo el Senado debería tener iniciativa legislativa.

Rocío Silva Santisteban, candidata con el número 2 por Lima del Frente Amplio.

Carlos Torres Caro - Vamos Perú

Creemos que es pertinente porque la unicameralidad no ha cumplido los efectos que se requerían.

Grace Baquerizo - Juntos por el Perú

De manera colectiva no tenemos un acuerdo. Antes de debatir sobre las dos cámaras, debemos plantear la paridad y la cuota para comunidades indígenas. Con eso veremos si se necesitan más congresistas u otra cámara.

Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

De acuerdo. Esto fortalece la institucionalidad.

4. ¿Se debe hacer modificaciones sobre la inmunidad parlamentaria?

Mónica Saavedra - Acción Popular

La inmunidad parlamentaria debe ser parcial. Los congresistas necesitan una protección. Podría eliminarse o modificarse, pero debemos evitar el abuso. El encargado de levantarla debe ser el propio Congreso. Por intermedio del reglamento podríamos mejorar el procedimiento.

Diethel Columbus - Fuerza Popular

Estamos a favor de que la inmunidad parlamentaria sea acotada a casos relacionados a la actividad parlamentaria y a la libertad de opinión. Pero delitos previos y comunes no deben ser cobijados. Su levantamiento podría estar a cargo del Tribunal Constitucional.

Omar Chehade - Alianza para el Progreso

Todos en el partido estamos de acuerdo con la eliminación de la inmunidad. Algunos quieren que sea total, otros parcial. Hay un solo caso en el que debería existir: para las comisiones de fiscalización, mientras duren sus funciones. El levantamiento debería estar a cargo de la Corte Suprema.

Carolina Lizárraga - Partido Morado

Eliminaremos la inmunidad como existe hasta ahora. Una forma es que deje de existir totalmente, y otra que permanezca sólo para la comisión de delitos comunes cometidos cuando se es congresista. Debe ser levantada por la Corte Suprema.

Mauricio Mulder - Partido Aprista

Hay que poner las cosas más claras para evitar que se le saque la vuelta. La ley actual dice que es renunciable y que no cubre delitos anteriores a la elección. El parlamentario puede ser detenido por delitos anteriores y comunes, eso hay que aclararlo. No estoy de acuerdo en que se levante per se, ni que no cubra el derecho de opinión. El levantamiento debe estar en manos del mismo Congreso, pero debe ser rápido, en 24 horas.

Rocío Silva Santisteban - Frente Amplio

Se propone mantener la inmunidad solo para casos propios de la función parlamentaria (labores de investigación), no para casos delincuenciales. La Corte Suprema debe ser quien la levante, aunque con tantos cuellos blanco es difícil garantizar la neutralidad.

Carlos Torres Caro - Vamos Perú

La inmunidad parlamentaria no debería existir como ha existido: un mecanismo de impunidad. Solo debe existir como protección en la función, no sobre actos delictivos. La sala o el juez debería proceder al procesamiento de inmediato. Al propio parlamento le corresponde levantarla.

Grace Baquerizo - Juntos por el Perú

Eliminar la inmunidad como está actualmente. Debe ser estrictamente para proteger al congresista que sea denunciado por alguna acto de función, no para otros casos. El Poder Judicial debería ser el que la levante.

Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

Debe ser levantada por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Nunca más por el Congreso.

5. ¿Mayores sanciones a partidos por recibir financiamiento ilícito?

Mónica Saavedra - Acción Popular

El financiamiento ilícito está prohibido, y se tiene que ver que esto se cumpla. Todo tiene que estar bancarizado y se tiene que demostrar de dónde proviene.

Diethel Columbus - Fuerza Popular

Si hay una propuesta en ese sentido, no tengo problemas en apoyarla.

Omar Chehade - Alianza para el Progreso

La ley de partidos políticos ha avanzado. Pero debe continuar.

Carolina Lizárraga - Partido Morado

Deben debatirse las sanciones como suspensión o cancelación de la organización política, pues las multas y la pérdida de financiamiento público no serían suficientemente disuasivas.

Mauricio Mulder - Partido Aprista

De acuerdo, si se establecen las normas claras. Si es a candidatos, son ellos quienes tienen que responder. La organización puede ser multada, pero lo que no se puede hacer es que porque unos dirigentes cometieron irregularidades, el partido se afecte.

Rocío Silva Santisteban - Frente Amplio

Personalmente pienso que se debe evitar cualquier tipo de financiamiento privado y solo un financiamiento público, bien monitoreado y fiscalizado.

Carlos Torres Caro - Vamos Perú

Debe excluirse de por vida a cualquier partido que reciba financiamiento ilegal, y los lideres deben ser materia de procesamiento.

Grace Baquerizo - Juntos por el Perú

Debería otorgarse funciones sancionadoras a ONPE. Debemos reducir la cantidad máxima de aportes a campaña y eliminarse el secreto bancario de las cuentas de los partidos.

Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

Muerte política a quien actúa corruptamente en el ejercicio de la política, tanto personas y partidos. Pero hay que definir con mucha claridad qué es financimiento prohibido. Ahora todo parece prohibido.

6. ¿Tienen otras propuestas de reforma?

Mónica Saavedra - Acción Popular

Pensamos mejorar la franja electoral en los medios para que todos tengan acceso. Además, dividir Lima en varios distritos electorales para mejor representación. Otro tema sería eliminar la publicidad exterior que hace cara la campaña.

Diethel Columbus - Fuerza Popular

Creo que deberíamos apuntar hacia la elección de congresistas por distritos uninominales, y que cada partido solo pueda postular a un candidato.

Omar Chehade - Alianza para el Progreso

La silla vacía: si destituyes a un congresista, no entra el accesitario. Pierde el mal congresista y la bancada. También el juicio de residencia para que los presidentes no puedan salir por unos meses hasta que demuestren un balance patrimonial. Y el distrito electoral de peruanos en el extranjero.

Carolina Lizárraga - Partido Morado

La reforma íntegra del Reglamento del Congreso. Hacer audiencias públicas a cargo de las comisiones para tratar sobre proyectos en trámite, y no sobre ocurrencias de los congresistas. Eliminar el bono de representación y de instalación que no tienen sentido para los que trabajan en Lima, a menos que alguien tenga que viajar.

Mauricio Mulder - Partido Aprista

Los partidos deben estar conformados por afiliados, no por saltimbanquis. Toda persona que integra un partido debe tener un mínimo de 2 o 3 años de militancia para postular. Además, los partidos tienen que ser menos, deben tener al menos 50 mil militantes.

Rocío Silva Santisteban - Frente Amplio

Proponemos una nueva Constitución y una asamblea constituyente que pueda hacer modificaciones de manera integral y articulada. También el voto indígena para zonas en las que son la gran mayoría silenciosa.

Carlos Torres Caro - Vamos Perú

No pueden postular las personas condenadas por delito doloso, aún si han sido rehabilitadas; las que tengan una acusación formal; deuda morosa con el Estado; ni enjuiciamiento por alimentos.

Grace Baquerizo - Juntos por el Perú

La paridad debe darse en el 2021. También la cuota para las poblaciones indígenas.

Alberto Beingolea - Partido Popular Cristiano

Ir al voto voluntario unido al retorno de educación cívica en colegios y universidades. Internas obligatorias manejadas por la ONPE, no por los partidos.

Hasta el momento ya se ha oficializado la participación de 19 listas por Lima en los próximos comicios. Hoy también fueron inscritas las de Somos Perú, Contigo y del Partido Morado, entre otras

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dispuso este jueves la inscripción de las listas de candidatos por Lima de trece agrupaciones para participar en las Elecciones congresales del 2020, entre ellas las Fuerza Popular, Contigo, Frente Amplio y Partido Morado.

El ente electoral publicó las respectivas resoluciones que autorizan la participación oficial de las listas en los comicios para completar el período 2016-2021 del Congreso, luego de superarse el plazo de interposición de impugnaciones sin que se haya presentado ninguna tacha en contra de ellas.

Los otros partidos que también han conseguido su inscripción son Somos Perú, Perú Patria Segura, Podemos Perú, Vamos Perú, Perú Libre, Avanza País, Democracia Directa, Unión por el Perú y Perú Nación.

Con estas nuevas agrupaciones que este jueves han sido consideradas aptas para intervenir en los comicios en el distrito electoral de Lima ya suman 19 las listas oficialmente inscritas. Los partidos que anteriormente lograron la inscripción son el Apra, APP, Solidaridad Nacional, PPC, Juntos por el Perú y Frepap.

En las próximas horas, el JEE de Lima Centro 1 quizás dé a conocer los nombres de más agrupaciones inscritas. Aún hay tres agrupaciones políticas, entre ellas Acción Popular, cuyas listas presentadas en Lima están pendientes de ser aceptadas. Sus solicitudes fueron admitidas y están en el período de presentación de tachas.

La lista inscrita de Fuerza Popular está encabezada por la abogada Martha Chávez, en tanto que la del Frente Amplio tiene como número 1 al excandidato a la alcaldía de Lima Carlos Enrique Fernández Chacón , Contigo a Juan Sheput y el Partido Morado al ingeniero Francisco Sagasti.

La Asamblea aprobó los cambios al Código de la Democracia en temas como paridad de género, asignación de escaños y sufragio por listas cerradas. El voto de las Reformas al Código de la Democracia, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se realizó sin contratiempos. El proyecto de ley obtuvo más del 60% de los  votos de 133 legisladores presentes.

El documento está compuesto por 11 ejes con los siguientes artículos aprobados: organizaciones políticas (20), control del gasto electoral (25), candidaturas (9), escrutinios (7), procesos del exterior (27), justicia electoral (59 ), participación ciudadana (3), fondo partidario (5), paridad, interculturalidad y jóvenes (18).

Además se hicieron cuatro cambios en el  sistema electoral: dos en el calendario, dos en el registro  y se instauró la obligación del debate a los candidatos presidenciales y de gobiernos locales.

Ximena Peña, de Alianza PAIS (AP) y presidenta de la Comisión de Justicia, indicó que “El control del gasto electoral es el eje medular de la Reforma Electoral”. La parlamentaria enfatizó que la reforma cuida los recursos de los ciudadanos, pues prohíbe mítines políticos organizados por autoridades de gobiernos locales, así como la contratación de artistas internacionales.

También establece un sistema contable que de manera obligatoria deben llevar las organizaciones políticas y la ciudadanía pueda acceder a las cuentas de los partidos. Otra novedad es la creación del sistema interconectado de datos entre Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para monitorear los recursos de candidatos y partidos durante las campañas.

Asimismo, la reforma aprobada establece límites al aporte privado. Una persona podrá contribuir hasta con el 5% del gasto total de toda la campaña. 

Si la donación es voluntaria no podrá entregar más del 30% de los recursos personales que haya declarado al Servicio de Rentas Internas (SRI). Todos los aportes serán bancarizados.

En el fondo partidario se establece, por primera vez , porcentaje de uso; es decir, el 70% debe estar dirigido a la formación e investigación, mientras que el 30% se podrá utilizar para el funcionamiento institucional.

La aprobación de paridad de género en las listas  (50/50) fue la propuesta más aplaudida en la asamblea, la misma que pasó con 113 votos a favor. De esta manera, las listas de asambleístas, alcaldes, prefectos y concejales se conformarán con el 50% de mujeres. Este porcentaje se aplicará de manera progresiva; en los comicios de 2021 será del 15%, mientras que para el año 2023 subirá al 30% y en el 2025 se cumplirá con el 50%. Además,  las listas deberán tener un 25% de participación de jóvenes.

Otro de las reformas aprobadas fue el cambio del método para la asignación de escaños. Los legisladores decidieron que se usará el de Webster para todas las dignidades pluripersonales, pues consideraron que garantiza mayor participación.

Esta propuesta, que se votó por separado, pasó con 76 votos, de la mayoría parlamentaria compuesta entre Alianza País (AP), Creo e independientes. De la misma manera se estableció el sufragio por listas cerradas para todas las dignidades, por lo que se elimina el voto entre listas.

El consejero Luis Verdesoto celebró la decisión del Pleno y afirmó que lo más significativo de la reforma tiene que ver con el gasto electoral. Mientras que la presidenta del CNE Diana Atamaint dijo que triunfó la democracia con equidad y sin violencia.

El paquete de reformas aprobadas se enviará al Presidente de la República, quien tiene 30 días para revisar y ejercer su derecho el veto. Este proceso tiene que terminar antes de febrero para que las enmiendas puedan aplicarse para las elecciones del 2021.

En la sesión 492, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. 

Esta norma, como reza el artículo 177 de la Constitución de la República, debe ser aprobada un año antes de que se celebren las próximas elecciones que serán en 2021. 

La reforma al artículo 207 estipula que desde la convocatoria a elecciones, el gasto público en comunicación y publicidad, se regirá por el promedio mensual del año anterior, para evitar más gastos de precampaña.

También se prohibirán las donaciones anónimas con la reforma al artículo 211. Y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que elaborar un reglamento para hacer el cotejo entre registro de donantes y presupuesto de campaña con el gasto total de la campaña. 

Hay una nueva barrera electoral que exige la devolución del 50 por ciento de gastos incurridos a costa del Estado a las organizaciones políticas que no superen el 4 por ciento de votos válidos. 

También se implementará el método de Webster para la asignación de escaños y habrá votación por listas cerradas.

En el tema de paridad de género se pretende que las mujeres encabecen el 50 por ciento de las listas para candidaturas uni y pluripersonales. 

Votación

La legisladora Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, mocionó un mecanismo de votación por bloques del proyecto. La moción fue aprobada con 87 votos.  Así el Pleno aprobó en un primer bloque, con 113 votos, todos los artículos del proyecto, excepto los artículos 1, 38, 43. 

En un segundo bloque, con la misma cantidad de votos, se aprobó los artículos 1, 38, 43, y la disposición transitoria tercera, que se refieren a reglas de paridad y alternabilidad de género.  Mientras que con 76 votos se aprobó el artículo 73 que reforma el artículo 164 relativo al método de asignación de escaños. 

Los artículos que también se aprobaron fueron los referentes a la transparencia electoral; gasto de campaña; bancarización de aportes y registro de los mismos por la UAFE y el SRI; justicia electoral; el cambio de listas abiertas a cerradas, entre otras.

Peña, legisladora de Alianza PAIS, señaló que la parte esencial de las reformas electorales es la transparencia y control del gasto electoral y agradeció la participación de los legisladores y de la Comisión, indicó que se realizaron, tanto en el segundo y primer debate, más de 350 observaciones.

Las nuevas reformas entrarán en vigencia en el próximo período electoral, en 2021.

Un estudio de la fundación Esquel señala que dirigentes, candidatos, militantes de partidos políticos, personal de campaña, así como votantes miembros de la familia o grupos comunitarios, líderes religiosos, medios de comunicación, redes sociales y funcionarios estatales, participan en el círculo de ese tipo de agresión.

El trabajo que desempeñó como asambleísta y luego en la viceprefectura de Loja, motivó a Nívea Vélez para seguir en la política.

A inicios de 2019 decidió ser candidata a la alcaldía de la capital lojana por un movimiento local. Pero apenas se inscribió empezaron los ataques. Ella competía contra nueve postulantes, todos varones.

Las agresiones comenzaron con infundios que se difundían en las redes sociales. Aparecieron fotomontajes con una figura de bruja.

Vélez no los tomaba en cuenta, pero al pasar los días los chistes y burlas se transformaron en insultos e intentos de agresiones cuando iba a los barrios en la campaña. “No confrontaban mis ideas o propuestas sino mi condición femenina. Incluso un día en el mercado me persiguieron para golpearme; tuve que esconderme en una tienda”. Ese recuerdo aún le produce un temor que se revela en su voz.

Vélez no denunció ninguna de esas agresiones. Le dijeron que era algo así como los “gajes del oficio” por haberse atrevido a participar en una contienda electoral. “Imagínese la violencia naturalizada. Caí en esa trampa y no denuncié; ahora me doy cuenta de que fui violentada en todo sentido”.

En las últimas elecciones, el 66% de las candidatas sufrieron agresiones, solo por ser mujeres. Un ambiente de violencia que no solo afecta a ellas sino, también, a su entorno familiar.

Nívea Vélez tiene el apoyo de su esposo y tres hijos, pero la experiencia le dejó secuelas anímicas. “No creo que vuelva a participar en otra elección, mientras no haya un marco legal que respalde a la mujer”, dijo la excandidata que no resultó electa, pero logró el cuarto puesto en la votación de marzo pasado.

Por eso contó que al momento está preparando una propuesta de ley para que se sancione la violencia política. También se considera violentada Mayra Tasipanta, concejal del cantón Mejía, al sur de Quito, quien aseguró que las descalificaciones por ser mujer aún siguen.

La violencia en su caso -considera- vino desde el Cabildo del cantón donde, según dijo, no se le permitió ser vicealcaldesa, aunque le avala la paridad de género. Considera que debía estar en el cargo, puesto que los otros 9 concejales son hombres. Aquello motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo. La institución interpuso un recurso judicial para que se respete el principio de paridad.

En primera instancia un juzgado ordenó que se le entregue el cargo, pero el Cabildo apeló y la Corte Provincial revirtió la resolución. Ese proceso pasó a la Corte Constitucional, donde se pidió una acción extraordinaria de protección. Por ello todavía no hay un fallo definitivo sobre el caso.

La concejala aseguró que durante este proceso fue insultada desde distintos sectores. Mientras que las redes sociales se convirtieron en el lugar de las amenazas en su contra. “Me han dicho de todo, desde prostituta hasta incompetente”.

Afirmó que desconocidos empezaron a seguirla; además, envenenaron a sus perros. “Esto me afectó tanto que consideré renunciar, pero recapacité y enfrentaré a la cultura machista que me quiere relegar”, recalcó la arquitecta de profesión.

La violencia política de género no es nueva, ni tampoco aislada. Un estudio realizado por la fundación Esquel, con el auspicio de ONU Mujeres, concluyó que esto se expresa de manera psicológica, económica y simbólica.

La socióloga Judith Flores, que participó en la elaboración del análisis, dijo que nuestra sociedad se ha acostumbrado a la violencia política, especialmente contra las mujeres. Ellas están más expuestas a las agresiones cuando son candidatas y luego al ejercer los cargos.

Las contiendas políticas aplican mayor coacción a mujeres negras, indígenas o campesinas, solo por el hecho de intervenir en  política. Eso repercute también en los niveles de participación.  “Cada vez menos mujeres llegan a altos cargos públicos”, señaló la especialista.

El estudio “Violencia política contra las mujeres en Ecuador” señala que este es un problema estructural que atraviesa a los partidos y movimientos políticos.

De la misma manera, se encuentra en las redes sociales y medios de comunicación la comunidad, así como la familia de aquellas que participan en espacios políticos. Esto se complementa con marcos jurídicos ambiguos, poco claros o inexistentes para garantizar que la violencia se elimine. Tampoco hay espacios para visibilizarla, denunciarla o erradicarla.

La violencia política es cualquier disrupción en el normal flujo de las relaciones que se han constituido para organizar el poder estatal. “La disputa, al ser enfocada en el ámbito de las relaciones de poder, afecta por igual a las autoridades de elección popular o las nombradas por el propio Gobierno”, considera el jurista Esteban Ron.

Bajo esta concepción, se puede ver que la violencia de género en el ámbito político es más visible y una problemática mundial. Cree que, en ese sentido, lo que se puede hacer es adoptar buenas prácticas electorales para que no se propugne ni divulguen estas acciones.

Para el caso de autoridades designadas, es un poco más complejo. El propio hecho del ejercicio de su cargo supone la exposición. Sin embargo, de manera preventiva, se puede crear una conciencia de respeto.

Una lucha constitucional

Aún está muy distante el derecho constitucional a una participación igualitaria en la política con paridad de género en el país. Daniela Garcés, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, explicó por qué no se cumple esta garantía. Ella sostuvo que en los espacios de participación política, como el gabinete ministerial, la Asamblea y los cargos de elección popular, se evidencia “la falta de representatividad de las mujeres”.

La catedrática pone como ejemplo el gabinete ministerial que, a su criterio, aún está  distante de garantizar la paridad de género. En mayo de 2017, ocho mujeres estaban a cargo de una cartera de Estado; es decir, el 35%.

A noviembre de 2019, tras 30 meses de gestión, el gabinete tiene cuatro mujeres como ministras, correspondiente a 24% del total de ministerios. “Sin embargo, esta paridad tiende a mejorar en los cargos subministeriales”.

En cuanto a la conformación de la Asamblea, el 62% es de hombres. “No existe una variación significativa en relación a la Asamblea 2013”, aseveró la profesora.

En cuanto a la paridad de género en cargos de elección popular en las últimas elecciones (2017), considerando alcaldías y prefecturas, la situación es aún peor. De las 221 alcaldías a escala nacional, mujeres alcaldesas hay 18, dos más que en las elecciones pasadas. Es decir que, para 2019, tan solo 8% de las alcaldías es liderado por una mujer. La situación no cambia en las prefecturas, en las que los hombres se encuentran a la cabeza del 83% de los gobiernos provinciales.

Esta situación hizo reflexionar a las autoridades electorales. El Consejo Nacional presentó una propuesta para incentivar la participación de las mujeres en las reformas al Código de la Democracia.

Actualmente, la Asamblea está preparando el informe de las reformas. Los legisladores escucharon los pedidos para impulsar la participación y sancionar la violencia. Sin embargo, el tema de la violencia política no fue considerado en el informe que irá a votación al pleno.

Dayana León, experta en género y democracia, puntualizó que no se debería poner pausas a las demandas de las mujeres, que son integrales en el acceso y representación con justicia e igualdad de oportunidades.

León dijo que los requerimientos en el ámbito electoral apuntan a tres aspectos: el primero es un riguroso seguimiento a procesos de elecciones internas de los partidos, para garantizar la paridad de género, y para identificar y sancionar la violencia política en estas organizaciones. Una segunda instancia es la seguridad jurídica para las mujeres. Van a cumplirse dos años de la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde se tipifica la violencia política, pero es necesario armonizar su concepto con todos los cuerpos legales. Finalmente, fortalecer el rol de instituciones, como el Tribunal Contencioso Electoral, para que exista una entidad que resuelva los casos de violencia política.

Para la experta, las reformas deben potenciar las herramientas “para sancionar a quienes promuevan y ejerzan acciones orientadas a la deslegitimación de candidatas, autoridades, lideresas y mujeres en las fases preelectoral, electoral y poselectoral”. Además, a quienes promuevan o cometan actos de discriminación u odio contra mujeres y personas LGBTI, en todo el ciclo electoral.

La violencia política sí se analiza en la nueva Reforma del Código Electoral, cuya votación se prevé sea el jueves 28 de noviembre.

La Comisión de la Asamblea terminará el informe sobre la limitación al Consejo de Participación, elección de autoridades y presupuesto a los GAD. La Comisión de la Asamblea que trata las enmiendas constitucionales para reformar el Consejo de Participación Ciudadana prevé terminar su informe esta semana.

Así lo anunció Elizabeth Cabezas, presidenta de la mesa legislativa. Ella recordó que durante un mes se recibió a autoridades, académicos y actores sociales para definir el proyecto.

Al inicio de la semana, la Comisión solicitó una prórroga de cinco días al pleno de la Asamblea Nacional, para tratar varios puntos, entre ellos el límite de funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Cabezas señaló que a pesar de la prórroga, la Comisión cumplirá con los tiempos establecidos para preparar el documento. La Constitución contempla un plazo de 30 días para el primer debate, un año después el segundo, y la aprobación de las reformas.

La parlamentaria de Alianza PAIS explicó que el proyecto estaría compuesto de tres propuestas: la primera sería sobre los requisitos para la selección de autoridades de control (fiscal, contralor, vocales de la judicatura, etc.).  

La segunda tratará sobre limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, finalmente, la propuesta de la legisladora de CREO, Jeannine Cruz, para cambiar el cálculo de fórmula de asignación de recursos para las prefecturas.

Designación de autoridades

Hasta el momento, la Comisión no ha definido un punto de consenso para la selección de autoridades de control. La Presidenta de la Comisión comentó que se podría generar un mecanismo mixto entre la Asamblea y representantes de la sociedad civil.

La asambleísta Mercedes Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que su bancada plantea la creación de una comisión multipartidista que sea la encargada de designar dichas autoridades. “El proceso de selección deberá ser riguroso, no se limitaría a una terna, sino a varios postulantes, que luego el pleno de la Asamblea escogería”, dijo Serrano.

Wilson Toainga, fiscal subrogante, en su intervención, hace dos semanas, señaló que la elección debería tener solo tres candidatos. Mientras que Pablo Celi, contralor del Estado, propuso la conformación de un tribunal de cuentas que esté conformado por siete miembros y no una sola autoridad.

Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, manifestó que la propuesta de Celi puede ser viable si se trabaja de manera conjunta. Finalmente, Cabezas puntualizó que la propuesta de Contralor requerirá de otra enmienda puesto que se cambiaría la Contraloría a un Tribunal de Cuentas.

En el taller se insistió en las reformas al Código de la Democracia, que están en trámite en la Asamblea y que se espera vayan a votación.

Una democracia con equidad y sin violencia contra las mujeres es lo que busca el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la reforma al Código de la Democracia, que está para discusión en segundo debate en la Asamblea.

La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, se reunió en Quito con alcaldesas, prefectas y mujeres de todo el país. Ella explicó que en las reformas está la propuesta para que listas de candidatos de los diferentes partidos y movimientos políticos se conformen con el 50% de mujeres, de manera que haya igualdad de oportunidades.

Esta idea también establece un conjunto de castigos por violencia política de género: “proponemos sanciones que van desde la suspensión de los derechos políticos hasta la descalificación”.

Asimismo, comentó que en aquellos casos en los que la violencia política derive en delitos se sancionará con lo establecido en el Código Integral Penal, que juzga hasta con cárcel a quienes incurran en este tipo de agresiones.

La declaración la efectuó durante un taller orientado a grupos de mujeres, activistas y organizaciones sociales que se reunieron para analizar el tema y pedir a los asambleístas que acojan las propuestas. La representante en Ecuador de ONU Mujeres, Bibiana Aido, señaló que la entidad que preside apoyó un estudio sobre violencia política realizado por la fundación Esquel, el cual comprobó que las mujeres están expuestas a agresiones sicológicas, económicas y simbólicas en el contexto de las elecciones.

Por eso Aido destacó la importancia de reformar el Código de la Democracia para acabar con los obstáculos que limitan la participación de las mujeres, como la violencia política. Ella recalcó que estos principios están recogidos en la declaración universal de los derechos humanos.

En otro tema, Atamaint se refirió a las elecciones del 2021. La Presidenta dijo que se necesitarán $ 170 millones para los próximos sufragios, incluida la segunda vuelta. También habló sobre el futuro de los funcionarios del CNE despedidos en octubre de 2019 y prometió regresarlos a trabajar.  

Ella dijo que se recategorizó a los empleados del organismo y que tiene previsto en diciembre iniciar concurso de oposición y méritos para esos trabajadores.

Información inaccesible y falta de integración entre bases de datos del Estado dificultan la revisión de potenciales postulantes. Sin embargo, muchos partidos no aprovechan las herramientas disponibles

Las últimas elecciones de congresistas no tuvieron los mejores resultados en relación a los antecedentes de los elegidos: luego de los comicios del 2016, la Asociación Civil Transparencia reportó que 52 candidatos contaban con antecedentes penales y que 10 congresistas que fueron elegidos tenían procesos penales abiertos.

En aquel entonces, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había estrenado su Ventanilla Única, una plataforma que brinda información para hacer filtros sobre potenciales candidatos, para saber si tienen sentencias condenatorias por delito doloso, órdenes de captura en el Perú o en el extranjero, así como deudas alimentarias, judiciales, tributarias y municipales.

En el actual proceso electoral, la organización política que más utilizó la Ventanilla Única fue Alianza Para el Progreso (APP), con 380 consultas. Le siguen Fuerza Popular (FP), con 320; y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), con 270.

Por otro lado, Juntos por el Perú (JPP) –partido que lidera Yehude Simon y que va en alianza con el movimiento Nuevo Perú– registró tan solo una búsqueda en el sistema del JNE. Roberto Sánchez Palomino, presidente de JPP, indicó que la cancelación de su alianza con Perú Libre (de Vladimir Cerrón) ocasionó un retraso en sus procesos, por lo cual no pudieron hacer mayor uso de la herramienta. “Ese esfuerzo complicado nos ha atosigado un poco y nos ha hecho apurar el cronograma”, aseguró. Según Sánchez, la organización solicitó antecedentes penales, policiales y judiciales a sus precandidatos.

Además de JPP, otros cinco partidos utilizaron la Ventanilla Única menos de 50 veces. El Apra, por ejemplo, realizó únicamente 48 consultas a la plataforma. El secretario general político del partido, Benigno Chirinos, precisó que, como parte de su sistema de filtros, la organización corrobora que la declaración de antecedentes que los precandidatos consignan en sus hojas de vida sea cierta.

No basta

Pero la Ventanilla Única no proporciona todos los datos que podrían ser relevantes para filtrar candidatos, como denuncias policiales o procesos abiertos.

En Acción Popular (AP), por ejemplo, se conoció que Paul García Oviedo –número 1 de la lista por el Callao– había sido intervenido por conducir en estado etílico y denunciado ante la policía por violencia contra la mujer. “Eso no nos lo ha dado la Ventanilla Única, esa información se obtuvo por los propios correligionarios que nos la hacen llegar”, indicó Raúl Freundt, presidente del comité electoral de Lima del partido. Doris Guerrero, titular del Comité Nacional Electoral de AP, precisó que el Comité Político del partido tomará una decisión sobre la continuidad de García antes del lunes 18 (fecha en la que vence el plazo para presentar las listas de candidatos).

Los rehabilitados

Por otro lado, la plataforma no permite conocer si un potencial candidato fue sentenciado por un delito y luego rehabilitado por cumplir su condena. Según el artículo 69 del Código Penal, una vez cumplida la pena impuesta y cancelado el íntegro de la reparación civil, los antecedentes penales, judiciales y policiales de la persona son cancelados. Esto con excepción de algunos delitos, como los relacionados al tráfico ilícito de drogas, financiamiento del terrorismo y lavado de activos.

De ese modo, los partidos no tienen cómo saber si alguno de sus candidatos cumplió una condena por un delito en el pasado.

“La Ventanilla Única puede tener información desactualizada, porque hay gente que ya se rehabilitó”, explica el abogado penalista Carlos Caro.

En APP, por ejemplo, Luis Echegaray, quien fue incluido como número 3 en la lista por Ica, había pasado el filtro de la Ventanilla Única, pero el partido le pidió su renuncia luego de conocer por otras fuentes que tenía una sentencia por el delito de omisión de actos funcionales.

Caro sostiene que los puntos débiles de estos filtros tienen que ver, en parte, con que no existe un registro que reúna información policial, fiscal y penal a escala nacional, “con lo cual las bases de datos del Estado revelarían tan solo el 50% de la información real”.

Un ejemplo de la deficiente sistematización de la información pública serían las denuncias policiales. De acuerdo con el exprocurador anticorrupción Iván Meini, dado que no existe una base de datos pública que reúna la información de todas las dependencias policiales, uno tendría que consultar comisaría por comisaría para conocer si alguien ha sido denunciado ante la policía. “Lamentablemente, no hay un sistema centralizado de denuncias [a nivel policial]”, indica.

Ahora, si bien la Ventanilla Única no proporciona toda la información relevante, las organizaciones políticas –y cualquier ciudadano– pueden conocer si contra un candidato existen investigaciones fiscales abiertas a través de un pedido a la mesa de partes del Ministerio Público, sostienen los especialistas.

Las reglas de juego

Debido a que la Constitución establece el derecho a la presunción de inocencia, limitar los motivos por los cuales se puede impedir una candidatura no es cosa fácil. Si bien en julio pasado el Congreso aprobó la reforma constitucional que impide postular a cargos de elección pública a quienes tengan sentencias en primera instancia por delito doloso, quedó pendiente la segunda votación en el pleno. Por lo tanto, en estos comicios únicamente estarán impedidos de postular quienes cuenten con sentencia firme.

Según la última encuesta de Proética sobre percepciones de corrupción (2017), más del 40% está de acuerdo con que se impida postular a un cargo a personas encarceladas e investigadas por corrupción.