En estos días, los ministros de economía y hacienda de América Latina están abocados a la titánica tarea de conseguir recursos financieros que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y, al mismo tiempo, evitar un descalabro económico. El mensaje es claro: los recursos deben ser utilizados de manera rápida y efectiva.
Sin embargo, los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. Cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un circulo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Como muestra un reciente estudio del Banco Mundial, la efectividad en el uso de los recursos asociados con la ayuda al desarrollo es un tema central, especialmente para que el dinero llegue a los más vulnerables y no termine en paraísos fiscales.
La experiencia reciente muestra una lamentable lista de casos donde existió corrupción. Tras el tsunami del 2004 en el Océano Índico, se movieron unos 13.5 billones en asistencia. Existieron varios indicios sobre esquemas de corrupción y fraude en el uso de estos recursos. En el caso del Huracán Katrina, la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos calculó que entre U$S 600M y U$S1.4 billones – el 16% del total de la ayuda – se perdieron en actividades indebidas. El Washington Post reportó recientemente que el programa de reconstrucción de Puerto Rico está afectado por serias acusaciones de corrupción, y que llegan a autoridades de la agencia encargada de la gestión de emergencias.
¿Por qué ocurre esto?
Una revisión de la literatura existente nos lleva a concluir que durante las emergencias nacionales no siempre es posible asegurar que el dinero llegue donde debe llegar. La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva a reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva a que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas. La necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado entre los responsables de negociar contratos y realizar compras, abriendo oportunidades a prácticas ilegales.
La debilidad institucional propia de nuestros países exacerba los riesgos. A pesar de diversos avances, especialmente en reformas de acceso a la información y la mejora de los sistemas de compras y adquisiciones, la región enfrenta importantes desafíos en materia de transparencia e integridad.
Transparencia en el sector de la salud
En condiciones normales, se estima que la corrupción genera una pérdida de entre un 10% y 25% del valor de los contratos públicos, además de afectar la calidad de los bienes y servicios. Existen razones para creer que este porcentaje es mucho mayor en situaciones de emergencia.
Un reciente estudio sobre la corrupción en el sistema de salud estima que al menos el 10-25% del gasto mundial se pierde directamente a través de la corrupción, lo que representa cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año. Hay distintos factores que explican por qué este sector está más expuesto a los riesgos de integridad. Como indica Transparencia Internacional, es un sector por naturaleza complejo, donde predomina la asimetría de información entre oferta y demanda, y los mercados no siempre son abiertos y competitivos. La corrupción en el sector salud abarca desde el fraude en la construcción de hospitales, las prácticas indebidas de prescripción de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios y la reventa privada de insumos de hospitales públicos, hasta la captura de las regulaciones para la aprobación de ciertos medicamentos.
En estado de emergencia, los riesgos de integridad en este sector se manifiestan especialmente en la compra y distribución de medicamentos, la adquisición de equipos especiales para realizar pruebas epidemiológicas, la compra de insumos, el alquiler de espacios privados para el alojamiento de afectados y construcción de pequeñas obras de infraestructura.
Tecnología para incrementar la información y mejorar el control
No existe una bala de plata para minimizar los riesgos de fraude y corrupción en situaciones de emergencia. Las soluciones dependen del entramado institucional de cada país y deben nutrirse de varios ingredientes como por ejemplo los requisitos de información sobre beneficiarios finales de las empresas y subcontratistas; el fortalecimiento de las prácticas de auditoría y fiscalización; y la creación de comités especializados para monitorear la utilización de los recursos asociados a las emergencias, entre otros aspectos.
En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un rol central, especialmente cuando los ciudadanos pueden acceder a información de calidad y actualizada sobre el ciclo de vida de los recursos. Para ello, las herramientas digitales son una buena respuesta al desafío de responder a la crisis con integridad. Estas herramientas permiten integrar y visualizar datos, identificar posibles anormalidades e incrementar la trazabilidad de los flujos de recursos. También permiten monitorear en tiempo real los registros contables, presupuestales, de tesorería y de beneficiarios desde origen del recurso al cierre financiero y administrativo. Además, es posible que cualquier persona comparta información sobre el uso de recursos, lo cual genera la disuasión de actividades ilícitas y facilita la rendición de cuentas.
En Estados Unidos, por ejemplo, las medidas de estímulo para la crisis financiera de 2008 fueron acompañadas por una plataforma digital (Recovery.gov) que ayudó a generar rendición de cuentas a nivel federal. A nivel estatal, la expansión en el uso de estas herramientas fue exponencial. Al menos 49 estados desarrollaron herramientas digitales con la información sobre los fondos federales asociados al estimulo de la economía. En 2012, el estado de Nueva Jersey lanzó la plataforma NJ Sandy Transparency para asegurar la transparencia de los recursos asociados a la reconstrucción tras el huracán Sandy.
América Latina no parte de cero
En nuestra región existen plataformas digitales como MapaInversiones con potencial de ofrecer de manera simple el acceso a información relevante sobre el uso de los recursos. Esta plataforma está siendo utilizada por varios países de la región como Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana.
Una ventaja de MapaInversiones es que permite la interacción ciudadana y de los beneficiarios, mediante simples mecanismos de retroalimentación de información. Cualquier persona, armada de un teléfono inteligente puede subir una imagen y mostrar si hay camas disponibles o vacunas.
La transparencia no podrá evitar todos los riesgos de integridad a la gestión de emergencias. Sin embargo, el uso de tecnologías digitales reduce sustancialmente la asimetría de información e incrementa el efecto “watchful eye” con su impacto disuasivo. Esto puede mejorar las oportunidades de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar y se cumplan con los objetivos de recuperación económica y desarrollo social.
