Transparencia y accountability

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y Fabián Chávez, subdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional, que permitirá que ambas entidades puedan detectar casos de lavado de activos y financiamiento de delitos, así como también a personas posiblemente involucradas en transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas.

En el documento se indica, además, que funcionarios de las dos instituciones recibirán capacitación de temas relacionados detención, prevención y erradicación de delitos financieros, así como sobre la difusión de mecanismos de prevención y control.

De estas capacitaciones también serán beneficiarias las organizaciones políticas y la ciudadanía en general. Además de ello, se promoverán programas de entrega de información a la UAFE, por parte del CNE, sobre operaciones inusuales de las organizaciones políticas.

Atamaint destacó que el convenio reafirma la decisión del Pleno del CNE de cuidar los recursos públicos y trasparentar el sistema democrático del país. Añadió que no rige solamente para la campaña de las elecciones seccionales de 2019, sino que será permanente.

Fabián Chávez recordó que la UAFE recibe las denuncias de manera reservada e indicó que esa entidad iniciará sus investigaciones cada vez que el órgano electoral reporte cualquier sospecha.

El periodo de campaña electoral se acorta y los candidatos se apuran para promocionar su imagen. Espectáculos musicales, bingos, caravanas y recorridos en los que, algunos, regalan camisetas, calendarios, banderines y demás accesorios son parte de la agenda diaria que podrán cumplir los aspirantes hasta el 21 de marzo, tres días antes de las elecciones.

Controlar el financiamiento de estos eventos durante la campaña electoral está dentro de las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que estableció en diciembre pasado el límite del gasto electoral; es decir, el monto de aportaciones que reciben las organizaciones políticas de diversas fuentes y que no impliquen la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas.

El artículo 209 de la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia establece los montos de acuerdo con el número de electores y candidatos para cada dignidad.

Así, por ejemplo, los candidatos que mayor monto de gasto electoral tendrían son los de las jurisdicciones de Guayaquil y Quito, con $ 408.153,80 y $ 403.658,60, en su orden.

Detectar excesos y establecer sanciones, en caso de darse, son tareas del CNE, para lo cual su presidenta, Diana Atamaint, ya tuvo acercamientos con la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Diana Salazar. La intención es, a través de la firma de un convenio, coordinar acciones para prevenir y detectar el uso de recursos ilícitos en el financiamiento de campañas electorales. Este se suscribirá en la presente semana, según un comunicado.

Días atrás, el consejero Luis Verdesoto aseguró que tenía información respecto a que habría “dinero del narcotráfico” en la campaña; pero al momento no ha presentado ningún informe al CNE.

Para algunos analistas este esfuerzo no sería suficiente y para otros hasta innecesario.

Para Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), resulta innecesario estas coordinaciones con la UAFE, porque el dinero ilícito no entra por el sistema financiero y más bien dice que lo que debe hacer el CNE, a través de las juntas electorales, es verificar in situ estos espectáculos públicos con cantantes y demás eventos que organizan los candidatos porque sirven para cuantificar y pedir las justificaciones de dónde salen estos recursos.

Uno de los requisitos para inscribirse como candidato a una dignidad popular es presentar un plan de trabajo, cuyo contenido no está sometido actualmente a ningún control.

El artículo 97 del Código de la Democraciaestablece que el documento debe contener el diagnóstico de la situación de la ciudad o provincia; objetivos generales y específicos; plan de trabajo plurianual en el que se establecerán propuestas y estrategias; y mecanismos de rendición de cuentas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) exhortó a los aspirantes a utilizar una guía para redactar dichos planes; esta fue elaborada en conjunto con el Instituto de la Democracia.

El vocal del CNE José Cabrera recordó que el Código establece qué aspectos deben contener estos planes, pero reconoció que ellos “no pueden obligar o poner camisas de fuerza” en su elaboración.

“Se revisa que los contenidos se ajusten a lo que plantea el Código, pero nosotros no podemos decir: esto tiene que cambiar o esto es real o no es real”, precisó el funcionario.

“Esto no debería ser visto como un requisito, sino como la ruta de trabajo para cuando llegue al poder, que no se convierta en promesas populistas, sino que sea un proyecto realizable y viable”, dijo.

Relató que la ONG elaboró una herramienta llamada Promesómetro, que medía las ofertas del alcalde saliente de Quito, Mauricio Rodas, y observaron que “ofreció una campaña denominada ‘Ángel guardián’, para la seguridad ciudadana a través de botones de pánico y aplicaciones de celulares, que aún no se ha implementado. Es una promesa incumplida”.

Para César Ulloa, coordinador de la Veeduría por la Democracia, “no hay un control de calidad del CNE que haga que esos planes aterricen”. “Un candidato debería ofertar un plan de trabajo en cuanto a obra pública o diseño de política pública en función del presupuesto que le queda”, dijo.

Una opción para dar seguimiento a las propuestas surgió de Fundación Esquel. Su presidente, Boris Cornejo, contó que están implementando una plataforma para monitorear las propuestas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Tena y Portoviejo.

A su criterio, los planes deben tener propuestas coherentes, informadas “y que no sean saludos a la bandera”, porque “vamos a elegir gobernantes que deben tener un plan, para no votar por nombres y caras, sino por las propuestas”.

Incluso la organización internacional de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuadorlanzó, en octubre, la iniciativa Pacto Local por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), para obtener un compromiso de los partidos y movimientos políticos, para que dichos objetivos se incorporen en sus planes y contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030.

En todo caso, el único mecanismo activo para evaluar el cumplimiento de las ofertas de campaña plasmados en los planes de trabajo está en la ciudadanía, que puede pedir la revocatoria del mandato al año de la gestión de la dignidad electa, según el artículo 199 del Código de la Democracia.

A cuatro días del referéndum que incluye una pregunta sobre el financiamiento de organizaciones políticas, el pleno del Congresoaprobó la incorporación del delito de financiamiento ilícito a partidos en el Código Penal.

El artículo incorporado señala que "el que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo [...] es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años". 

Asimismo, agrega: "La pena privativa de libertad es no menos de cinco años ni mayor de quince años y de 120 a 350 días multa si el valor del dinero, bienes, efectos, o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 UIT [S/. 2'075.000].

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, explicó que con esta modificación al Código Penal se está "creando un tipo diferente de lavado de activos con una pena menor". "Han dejado fuera un conjunto de otras infracciones punibles. El pitufeo, por ejemplo", añadió el especialista en temas anticorrupción.

-Coalición express-
La semana pasada se buscó meter este proyecto al debate en el pleno, pero dos bancadas [Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso] retiraron sus firmas y el pedido perdió peso para ampliar la agenda y el tema pueda ser visto. 

Esta semana solo les bastó con las firmas de Fuerza Popular y el Apra para introducir un texto sustitutorio, elaborado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. Ambas bancadas lograron el mínimo requerido, 66 votos, para su cometido. Esto último gracias a que Fuerza Popular aún no acepta la renuncia de Úrsula Letona, pues con su salida solo alcanzaban 65, uno menos de lo requerido.

Pese a que no apoyaron con sus firmas para introducir el texto sustitutorio en el pleno, la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio votó a favor de la cuestionada modificación. 

Fueron tres votaciones para esta modificación: una cuestión previa presentada por el Frente Amplio para que el tema vuelva a comisión, la primera votación sobre el tema de fondo y la exoneración de la segunda votación para la emisión de la autógrafa que será remitida al Poder Ejecutivo.

En la cuestión previa, Fuerza Popular y el Apra votaron en contra, con el apoyo 7 oficialistas [Bruce, Dávila, Guía, Meléndez, Oliva, Sánchez y Violeta]; un miembro de Alianza para el Progreso [Edwin Donayre]; y el no agrupado Pedro Olaechea. Fueron 33 votos a favor, 67 en contra.

En la votación de fondo, la situación fue similar: Fuerza Popular y el Apra votaron a favor en bloque; en Peruanos por el Kambio -salvo Clemente Flores- votaron a favor, junto a votaciones individuales del apepista Edwin Donayre y los no agrupados Pedro Olaechea, Lizbeth Robles, Estelita Bustos y Clayton Galván. Fueron 66 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones.

Para la última votación, la exoneración, en la bancada oficialista solo una congresista votó a favor: Janet Sánchez. Los votos a favor se redujeron a 56 votos respecto a la votación previa. Esta última votación ocurrió en medio de los reclamos de las bancadas de izquierda. 

Mientras el congresista Segundo Tapia, a cargo de la dirección del debate en ausencia del presidente Daniel Salaverry, se filtraron las voces de su colega fujimorista Yeni Vilcatoma y del aprista Mauricio Mulder apurándolo para cerrar la sesión y no ver más temas hasta mañana. Tapia accedió pese a que el relator ya había anunciado que entrarían al debate del dictamen que proponía modificar la Ley del Código al Consumidor. 

El Poder Ejecutivo, una vez recibida la autógrafa, tiene 15 días para decidir si promulga u observa esta norma. Fuentes del Ejecutivo indicaron a este Diario que el presidente Martín Vizcarra se pronunciaría sobre el tema el viernes durante la firma del contrato de Chinchero, en Cusco.

En la Vicepresidencia hay sigilo. María Alejandra Vicuña suspendió este miércoles 28 de noviembre su visita a Esmeraldas para reunirse con sus asesores y abogados.

El martes anunció que presentaría una denuncia contra su excolaborador, Ángel Sagbay, por “realizar una campaña de extorsión”, pero el documento no ha llegado a la Fiscalía. Sagbay aseguró que mientras fue asesor de Vicuña en la Asamblea (2011-2013) él debía entregarle un porcentaje de su sueldo. La denuncia activó una indagación en la Fiscalía, mientras que la preocupación es latente en la Asamblea Nacional porque debe investigar a la Segunda Mandataria.

Un sector del Parlamento no cree posible un juicio político por dos razones: la primera, los hechos por los que se le acusa ocurrieron cuando fue legisladora en 2011 y 2013, y la segunda, no existe una Corte Constitucional que avale el proceso de censura.

Para CREO sí existen las condiciones para llevar a la Segunda Mandataria a la Asamblea. Guillermo Lasso y Fabricio Villamar dijeron que su bloque liderará el proceso. Mientras que Luis Fernando Torres (PSC) cree que puede activarse una destitución directa por conmoción nacional, porque un juicio político sin Corte Constitucional no es viable.

La titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, espera definir una ruta en una reunión con el Consejo de Administración Legislativa (CAL) prevista para la tarde de este miércoles 28 de noviembre. No se descarta crear una comisión especial. Desde el Gobierno se ratificó la decisión de respetar lo que resuelvan los otros poderes del Estado.

Andrés Michelena, secretario de Comunicación, sostuvo que no hubo un encuentro personal entre el Presidente y la Vicepresidenta, solo una llamada telefónica el martes pasado. Además dijo que miembros del gabinete sí se reunieron con Vicuña y que le transmitieron los mensajes del Jefe de Estado en el sentido de que se respetará la independencia de poderes. “Es el trabajo que venimos haciendo desde hace 18 meses: independizar la Justicia, las funciones. Y en este caso de ciertas acusaciones contra la Vicepresidenta, las autoridades competentes actuarán de acuerdo con la ley...”, aseveró. María Paula Romo manifestó, por su parte, que no “habrá espíritu de cuerpo. Hay la voluntad de que se esclarezcan las cosas y se sigan los procedimientos, pero respetando el debido proceso. El Presidente no es juez y tampoco se cree juez”.

La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular), aprobó un dictamen que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos.

Durante la sesión de hoy, Bartra dio cuenta de un predictamen que contenía dos artículos. En uno de ellos se establecía que “será de exigencia obligatoria la emisión de un informe fundamentado por escrito por parte de la autoridad competente, antes de la formulación de requerimiento acusatorio o la conclusión de la etapa intermedia”.

Sin embargo, durante el debate, varios parlamentarios —entre ellos Gilbert Violeta (PpK), Marisa Glave (Nuevo Perú), Miguel Torres y Úrsula Letona (Fuerza Popular)— se expresaron a favor del retiro de esa parte.

Posteriormente, se elaboró un texto sustitutorio que contenía un solo artículo. Este incorpora el artículo 359-A al Código Penal.

La norma, que recoge cuatro proyectos de ley, fue aprobada por mayoría. En contra votaron los legisladores Marisa Glave (Nuevo Perú) y Gino Costa (no agrupado).

Gilbert Violeta (PpK) se abstuvo argumentando que si bien está a favor de la regulación del tema, “hay todavía algunas cosas que tenemos que precisar en el texto. Apoyaré en el pleno, tenemos un dictamen en la Comisión de Justicia que queremos que se consensue”.

—Detalle—
De acuerdo a lo aprobado, la pena base para el delito va de 4 a 8 años de cárcel. En tanto, el agravante contempla una pena de cárcel de 10 a 15 años y de 120 a 350 días multa.

Entre los supuestos de este último punto están: “El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal”; “el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas sea superior al equivalente a 500UIT”.

Cabe recordar que un informe del Ministerio de Justicia sobre el mismo tema, pero referido a un dictamen de la Comisión de Justicia, cuestionó que como agravante se estén incorporando actos que configuran el delito de lavado de activos, pero proponiendo penas menores a las vigentes (de 8 a 15 años la pena base y de 10 a 20 la agravada, más multa e inhabilitación).

Precisamente está pendiente la elaboración de un texto sustitutorio al dictamen de la Comisión de Justicia, que recibió cuestionamientos y las observaciones del ministerio. Este documento había sido exonerado por la Junta de Portavoces de debate en la Comisión de Constitución y además se había aprobado su inclusión en la agenda de pleno de la semana pasada; pero esto finalmente quedó sin efecto con el retiro de las firmas de Peruanos por el Kambio y APP del acta de acuerdo de los voceros.

—Críticas—
Marisa Glave, que votó en contra, criticó el dictamen. Consideró que quien pida la financiación ilegal también debe ser sancionado y apuntó: “Lo que generaría equivocación es que en el tipo agravado se ha incluido una manera de redacción muy cercana a lo que es lavado de activos. Estamos tipificando financiación ilegal, lo que está bien, pero lavado de activos es otro delito y debería aplicar la concurrencia; es decir, los dos delitos se presentan y el fiscal pide la suma de la pena. No tendría por qué entrar como agravante, porque podría generar una confusión en el proceso penal”.

En declaraciones posteriores a la prensa, también cuestionó que no se haya incluido a partidos políticos como parte de las organizaciones o personas jurídicas que pueden tener sanción.

Por su parte, Gilbert Violeta, quien se abstuvo, explicó que se eliminó el hecho de que la ONPE tenga que hacer un informe previo para que el Ministerio Público pueda denunciar cuando corresponda y resaltó que se haya elevado “muchísimo” el nivel de las penas. Por ello, afirmó que es "un buen dictamen".

“Pero la redacción del texto, en sí mismo, se pueda mejorar […] Lo que estoy pidiendo a la presidenta de la Comisión de Constitución es que establezca un texto consensuado con la Comisión de Justicia”, aseveró en declaraciones a la prensa tras la sesión.

—Debate—
Durante el debate antes de la elaboración del texto sustitutorio, Rosa Bartra justificó la presentación del predictamen argumentando que está próximo el referéndum que incluye entre sus preguntas el tema del financiamiento de partidos políticos. A su juicio, la reforma constitucional “podría tener un vacío importante al carecer nuestra legislación penal del delito de financiamiento de organizaciones políticas”.

Gilbert Violeta pidió una sesión conjunta con la Comisión de Justicia a fin de buscar un texto de consenso. “Hay cuatro objeciones que deberían de ser recogidas en el dictamen: el hecho de que el informe de la ONPE no sea un requisito previo de procedibilidad, la necesidad de incrementar las penas para cuando se trata de delitos que se asocien con lavado de activos según el Decreto Legislativo 1106, la regulación específica sobre el tema de las multas”, comentó.

Úrsula Letona consideró que el dictamen de la Comisión de Constitución tipificaba de forma más objetiva los supuestos de hecho del delito. “El delito de lavado de activos es autónomo. Y por lo tanto, es distinto cuando aplica a situaciones que derivan de narcotráfico, terrorismo u otros delitos graves vinculados a lo que está pretendiendo el dictamen. Mantengo la posición de que está correctamente tipificado el agravante”, dijo.

Por su parte, aunque señaló estar a favor del retiro de la condición a la fiscalía relacionada a un informe de la ONPE, Miguel Torres sostuvo que hay normas que solicitan opiniones previas en casos tributarios.

Por ejemplo, mencionó que en los casos de delito tributario el Ministerio Público dispone la formalización de una investigación preparatoria previo informe motivado de la Sunat. Esto según el requisito de procedibilidad establecido en la Ley Penal Tributaria

Más de 1,9 millones de militantes figuran en la aplicación Yo Participo, habilitada por el Tribunal Supremo Electoral. La ciudadanía debe revisar para verificar si su nombre aparece en la lista de militante de algún partido, recomendó ayer el vicepresidente del TSE, Antonio Costas.

“El ciudadano debe consultar periódicamente, recomiendo eso como buena práctica para ver si se está procesando, como son varias solicitudes vamos a concluir el día 5 de diciembre y el padrón estará el 13 de ese mes”, dijo la autoridad electoral. La primera parte de la publicación comprendía a los militantes registrados entre 1992 a agosto de este año. En ese periodo aparecían 1,1 millones de personas; se concluyó con la publicación de otros 800.000 registrados entre 1 de septiembre y el 24 de octubre y solo faltaría 200.000 para completar los 2,1 millones de supuestos militantes de los partidos.

Costas afirmó que el TSE está acumulando todos los formularios de anulación que solicitan las personas y que una vez que concluya todo, los casos que se verifiquen que hubo dolo serán remitidos al Ministerio Público. Aclaró que todo el trabajo de biometrización del padrón de militantes debe concluir en 2021, en este tiempo el TSE comparará los registros con los libros y en ese trabajo es probable que algunos partidos no alcancen el número mínimo de militantes y pueden perder la personería jurídica, explicó el vocal. Finalmente, descartó el binomio que prepara el diputado Rafael Quispe para el MAS, porque las fórmulas se presentan a través de los delegados de los partidos y no por cualquier militante.

Con la convocatoria a elecciones seccionales en 2019 se inició el período de inscripción de candidatos, lo que activó también otros procesos para verificar temas como la campaña anticipada. 

Sin embargo, esa acción no está tipificada como prohibición en el Código de la Democracia, por lo que no existe sanción. “Necesitamos reformar la ley para que haya más control”, aseguró al respecto la presidenta del organismo, Diana Atamaint. 

¿En esta etapa cuál es el trabajo que hará el CNE? 

Hemos procedido a convocar a elecciones y hasta el próximo 21 de diciembre las organizaciones políticas podrán inscribir a sus candidatos en todas las provincias, pero cabe recordar que deben cumplir con requisitos fundamentales. Vamos a ser muy estrictos al verificar, por ejemplo, que hayan cumplido con los procesos de elecciones internas o primarias de acuerdo a sus reglamentos, por eso hacemos un llamado para que lo hagan a tiempo. 

¿Todos los candidatos deben salir de ese proceso?

Como está señalado en el Código de la Democracia, existen las primarias abiertas donde militantes y adherentes escogen a los candidatos; las cerradas, donde solo militantes intervienen; y otra, con delegaciones. Cualquiera de estos procedimientos necesita el aval del CNE que dará seguimiento. Los candidatos deben tener legitimidad. 

¿Cómo controlarán la campaña anticipada? 

El CNE está registrando aquella publicidad anticipada en vallas, pancartas, banderas, incluso en muros con los colores de partidos políticos. Estamos recibiendo reportes permanentes al respecto de todo el país y hemos registrado 8.965 evidencias de este tipo: 58 vallas y 4 audios de radio. 

¿Qué harán con estas evidencias? 

Tenemos limitación en la ley. La máxima sanción es que se imputará al gasto electoral, por eso estamos estudiando cómo cambiar el reglamento para que haya una mayor sanción; necesitamos profundizar el control para que haya respeto, pero al margen de esto no debería ser así. Por principios éticos, si está prohibida la campaña anticipada los candidatos no deberían hacerla. 

¿Entonces no hay sanción? 

Mientras estas acciones no estén identificadas como infracción o delito en la norma respectiva no se puede sancionar; lo único que podemos hacer es incluirlo en el gasto electoral. Tenemos que ver la manera de elaborar un reglamento que permita sancionar y controlar mejor y estas son reformas que discutiremos los consejeros. 

¿Ya están superadas las controversias internas? 

Siempre habrá diferencias, vamos a disentir; sin embargo las resoluciones al final del día serán siempre en base al interés nacional y el fortalecimiento de la democracia. Estas diferencias son parte de la democracia, pero nos  enfocaremos en el resultado de las votaciones. 

¿Qué pasó con la fiscalización a la gestión del Consejo Electoral anterior? 

Esperamos que en los próximos días Contraloría nos entregue un avance de las investigaciones. Pedimos auditoría administrativa y financiera de los últimos 7 años. Asimismo, iniciamos otra auditoría al sistema informático que se usaba para la verificación de firmas de los movimientos políticos, cuyos resultados pronto anunciaremos. Eso es de interés nuestro. 

¿Todos estos procesos necesitarán de más personal? 

Necesitaremos más gente para hacer todos los procesos, por ejemplo los jóvenes que ayudaron en el proceso de cambio de domicilio trabajaron 2 meses. El CNE tiene alrededor de 1.077 empleados en período ordinario, a nivel nacional, pero se necesitan más para que nos ayuden en la verificación de requisitos de los candidatos, entre otros procedimientos. En el histórico de personal que labora sin relación de dependencia en tiempo electoral se ha contabilizado hasta a 40.000 colaboradores.