Transparencia y accountability

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Muñoz, anuló el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó en diciembre del año pasado al ex mandatario Alberto Fujimori, quien ahora deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial informó el juez Muñoz ordenó “la ubicación y la captura” de Fujimori, “a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria”.

Miguel Pérez Arroyo, abogado del ex mandatario Alberto Fujimori, indicó que su patrocinado está “bastante consternado” con esta resolución. Agregó que el fallo “es acatable” desde el punto de vista jurídico, “pero es cuestionable”.

En diálogo con Canal N, Arroyo señaló que apelará la decisión del juez Muñoz.

“Claro que sí [vamos a apelar], hay una doble instancia que se tiene que reconocer”, subrayó.

Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia que dio sobre el perdón otorgado por PPK a Fujimori señaló que “la vía correcta” para definir si este fue dado dentro del marco legal era la constitucional y “no la penal”.

El letrado estimó que Alberto Fujimori deberá retornar al penal de Barbadillo en la Diroes, aunque dijo “en la lógica de la venganza política” es posible que quieran llevar al ex presidente a Challapalca.

A fines de agosto, el ex mandatario afirmó que su liberación estuvo “sustentada médicamente”.

En aquella oportunidad, Alberto Fujimori declaró brevemente luego de acudir a un chequeo médico en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y respondió sobre la posibilidad de que su indulto humanitario sea revocado.

"No (creo que reviertan al indulto). Eso está sustentado médicamente. Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa", enfatizó a RPP.

Consideró que esta justificación será suficiente para que la gracia presidencial se mantenga. "Van a reconocer que tengo, efectivamente, esta enfermedad", puntualizó cuando se le consultó por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pleno del Congreso de la República aprobó esta noche la cuestión de confianza planteada por el Gabinete Ministerial encabezado por el primer ministro César Villanueva, tras un debate que se extendió por más de once horas.

Desde las 9:25 a.m., el titular de la PCM se presentó ante el Parlamento con el objetivo de sustentar la cuestión de confianza anunciada por el presidente Martín Vizcarra el último fin de semana. Finalizada su intervención, se procedió al debate.

Vizcarra había señalado que la utilización del instrumento constitucional buscaba darle celeridad a la aprobación de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, y que se espera que sean sometidas a referéndum.

Finalmente, el pleno del Congreso aprobó la solicitud cursada por el Ejecutivo por 82 votos a favor, 22 votos en contra y 14 abstenciones.

En la víspera, cinco de las siete bancadas adelantaron que respaldarían el pedido del Gobierno: Peruanos por el Kambio (PpK), Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y Apra.

En el caso de Fuerza Popular, bancada con mayoría simple, su vocera Úrsula Letona precisó ayer a El Comercio que el grupo parlamentario tomaría una decisión después de escuchar a Villanueva, posición similar a la que tomó Acción Popular. 

Cabe mencionar que los miembros del Gabinete Ministerial se reunieron esta mañana en Palacio de Gobierno antes de acudir a la sede del Legislativo. 

Por unanimidad, y sin un debate de por medio, el Pleno de la Asamblea aprobó este martes, 18 de septiembre del 2018, una nueva resolución en respuesta a las denuncias de cobros indebidos a asesores por parte de legisladores.

Además, este miércoles la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, firmará acuerdos con la Fiscalía y la Contraloría para concretar acciones inmediatas del tema. El objetivo de la Asamblea es solicitar a la Contraloría que disponga auditorías a las cuentas bancarias en las que se acreditan las remuneraciones de los parlamentarios y los funcionarios legislativos, a partir de mayo de 2013. Además de requerir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que revise las cuentas de los exfuncionarios y actuales funcionarios ocasionales de la Asamblea Nacional, en el último lustro. En la resolución, de seis artículos y dos disposiciones finales, se explica que ese cruce de cuentas permitirá “determinar si existen o no retiros por montos reiterativos, mes a mes, y/o transferencias de esos valores y a qué cuentas, que pudieren hacer presumir la existencia de ilícitos”.

A esas instituciones, la Legislatura les requiere que tanto la auditoría como el análisis financiero se realicen en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de aprobación y notificación de la misma, “por lo delicado del tema”. Ni en este documento ni en la resolución con la que el pasado 6 de septiembre el Pleno ofreció dar facilidades para que la Fiscalía y Contraloría investiguen el tema -y garantías para que los afectados denuncien-, se alude a generar una autodepuración del Parlamento.

La Asamblea Nacional busca sacudirse del escándalo por el denunciado cobro de ‘diezmos’ a servidores que involucrarían a varios asambleístas.

Se planteará en el Pleno ir a una depuración interna. De darse esto sería la segunda purga en 21 años, luego que en 1997 el Congreso destituyó a 17 diputados involucrados en la llamada Red Peñaranda.

Otro camino es el judicial como lo plantea el asambleísta Fabricio Villamar (CREO), que receptó denuncias de cobros de un porcentaje del sueldo a personal a contrato bajo el manto de “aportes voluntarios”.

Una tercera vía es la reforma a la Ley de Servicio Público presentada por Jorge Yunda (AP), que da estabilidad laboral a los que denuncien estas prácticas en todas las instituciones.

La Asamblea ya aprobó el 6 de septiembre una resolución que para Villamar es tibia, pues en medio de una investigación pide “preservar el buen nombre de los asambleístas y nada se dice de la erradicación de la corrupción, casa adentro”.

Ante ello, hoy pedirá incluir en la agenda del Pleno el tema, y que se integre una comisión que establezca quiénes podrían estar implicados en el cobro de ‘diezmos’, que podría llevar a la destitución de asambleístas.

En las denuncias receptadas por Villamar hay tres exlegisladores: Ángel Vilema, antes AP denunciado por Luis Salgado y José Garzón, proceso que está en la Fiscalía; Vanessa Fajardo (AP) por denuncia de Vicente Torres, y Leandro Cadena (IND), acusado por Viviana de la Cadena, caso judicializado.

En la lista de los actuales asambleístas está Johana Cedeño (AP), denunciada por Vanesa Guerra, y como pruebas se presentaron depósitos y mensajes de WhatsApp en los que se pide que se “pongan al día” y que las contribuciones incluían los décimos, a mas de mensajes donde se solicita la compra de telas y se detallan características y la dirección del almacén.

Andrea Utreras denunció a Karina Arteaga (AP), tiene mensajes de WhatsApp. La asambleísta sostiene que su denunciante trabajó desde el 1 de enero de 2018 por dos meses, que pidió su separación porque no cumplía con sus expectativas laborales, y que ella nunca recibió un centavo; pero se enteró de que alguien pasaba por los despachos exigiendo cobros para el movimiento.

A Norma Vallejo (AP) la acusan Doris Vaca y Carlos Robles, presentaron transferencias bancarias, fotos y chats. Vallejo está dispuesta a que se revisen sus cuentas y asegura que no conoce de una denuncia y si la hay responderá.

El denunciante de María José Carrión (AP) no quiere que se exponga su nombre.

Raúl Auquilla, antes CREO y ahora PSC, es denunciado por Elizabeth Guachilema.

Fernando Flores (CREO), por Becker Miño, esta semana el legislador dará su versión; y Tito Puanchir (PK) es señalado por Martha Campoverde, quien dice que le pidió $ 6 mil como anticipo por un cargo que nunca le dio. Puanchir afirma que la denunciante es su amiga, y que le prestó $ 6 mil, que hay un compromiso de pago y tiene una citación judicial, que hasta ahora le ha pagado $ 4 mil.

Hay otra denuncia contra Sebastián Palacios (SUMA), pero por supuesto tráfico de influencias; el proceso lo presentó en la Fiscalía Washington Añasco. El legislador anuncia acciones judiciales pues asegura que jamás recibió un centavo, y que Añasco le pidió cargos, presiones a las que nunca accedió.

Para Gabriela Rivadeneira (antes AP), se busca show mediático, y recuerda que en 2015 la Contraloría ya realizó un examen general a la Asamblea.

Esteban Bernal (CREO) cree que se debe reforzar el control del área de personal hacia los asesores y auscultar la producción de los asambleístas.

María Mercedes Cuesta (FE) es partidaria de una investigación con la Fiscalía de los tres últimos periodos. Para Henry Cucalón (PSC), lo más lógico es que la Controlaría investigue a todos los legisladores, y sean procesados por la Fiscalía.

Raúl Tello (BIN) también considera que la investigación la haga la Fiscalía y no la Asamblea, para que no actúe como juez y parte, y si hay responsabilidades penales ir a la destitución de los asambleístas.

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia en la Fiscalía General para iniciar una investigación sobre presuntos cobros de asambleístas a sus equipos de trabajo a cambio de estabilidad laboral. La diligencia se basa en la resolución del jueves 6 de agosto del Parlamento y por una denuncia en firma que llegó a su despacho. El Pleno de la Asamblea, con el voto afirmativo de 114 legisladores, resolvió brindar las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía del Estado realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados sobre supuestos pagos de servidores legislativos. Este viernes 7 de septiembre, Cabezas acudió a la Fiscalía para poner la denuncia. "En función de la resolución que el día de ayer (jueves) aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional y toda vez de que he recibido en mi despacho una denuncia formal sobre estos actos, que han sido difundidos en redes sociales, he solicitado y entregado a la Fiscal Subrogante la documentación necesario y he solicitado que se dé inicio a las investigaciones correspondientes", dijo. Mencionó que, además, pidió a la Fiscal subrogante que “se inicie de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que dan cuenta de estos ilícitos, cometidos en la Asamblea Nacional”, mencionó. 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs) resolvió cesar anticipadamente de sus cargos a los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC).

La medida se aprobó al mediodía de este jueves, 23 de agosto del 2018. La resolución se aprobó con cinco votos a favor y una abstención. El consejero que se abstuvo de votar fue Xavier Zavala Egas. Los otros cinco consejeros transitorios presentes en la sesión apoyaron la moción. No asistió el consejero Luis Macas.

Durante dos horas se leyó el informe que motivó la destitución de los magistrados Alfredo Ruiz (Presidente de la CC), Pamela Martínez (Vicepresidenta), Wendy Molina, Manuel Viteri, Roxana Silva, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni y Víctor Butiñá. Por más de 60 minutos, el secretario del Cpccs transitorio, Darwin Seraquive, se centró en la lectura de los parámetros legales que facultaron la evaluación de los nueve jueces.

El Pleno determinó que hubo falta de independencia de parte del Consejo de Participación cesado, en la conformación de la Comisión Calificadora que designó a los jueces de la Corte Constitucional del 2012. Y también en su renovación parcial, que se efectuó en el 2015.

Además, el informe determinó que no se tomó en cuenta los conflictos de intereses de los miembros de la Comisión Calificadora que llevó adelante el proceso de designación. Según el informe del Cpccs, estos integrantes tenían conflictos de intereses con el Ejecutivo. En el informe de evaluación se subrayó que los jueces no eran idóneos para el cumplimiento de sus tareas como magistrados.

Dentro del proceso de designación hubo discrecionalidad en la calificación de los méritos y no se permitió la participación ciudadana a través de veedurías. En lo referente al cumplimiento de funciones, la comisión evaluadora halló negligencias y discrecionalidad en la selección de los procesos que analizaba la Corte Constitucional.

El documento también reza que no hubo independencia con otras funciones del Estado. Citaron como ejemplo que la CC solo aprobó las iniciativas de Consulta Popular impulsadas por el expresidente Rafael Correa. Se indicó que en el caso de la Consulta Popular planteada por el presidente Lenín Moreno en el 2017, hasta el momento la Corte Constitucional no ha resuelto el caso. El Pleno del Cpccs rechazó que los magistrados hayan argumentado que los casos se represaron por el manejo del orden del día a cargo del presidente de la Corte Constituconal, Alfredo Ruiz. “Si los jueces notaban irregularidades en el orden de las causa debían denunciar y tomar acciones para que esto no continuase”, leyó Seraquive. 

El próximo 7 de octubre los peruanos volverán a las urnas para elegir a sus autoridades. Se trata de una nueva jornada electoralque ocurrirá tras una serie de detenciones de alcaldes, como las ocurridas en Lima, presuntamente por liderar organizaciones delictivas. 

Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, señaló que hay mucha frustración y mucha rabia en los ciudadanos donde sus autoridades han sido detenidas; sin embargo, también hay interés por no volver a equivocarse. En comunicación con El Comercio, advirtió sobre la situación en La Victoria y Villa María del Triunfo, pues en este último lugar se ha tenido hasta tres alcaldes en menos de un año.

En este contexto, ¿qué herramientas tienen los ciudadanos para poder elegir? Távara explicó que se pueden seguir tres factores: revisar la hoja de vida de los candidatos, conocer las propuestas que hacen en sus planes de gobierno e interpelarlos para saber cómo están financiando sus campañas.

“Que los ciudadanos pregunten a los candidatos cómo están financiando sus campañas. Ese es un punto elemental porque por ahí es donde circula la corrupción, que gastan más de lo que va a ser su salario. ¿Tan grande es su servicio de vocación que pueden ir a la quiebra con tal de ganar la alcaldía?”, indicó.

- Plataforma electoral –
En este sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estrena para este proceso una nueva plataforma con información sobre los candidatos y listas de campaña que se actualiza en tiempo real con todas sus dependencias. En ella se pueden encontrar la hoja de vida, plan de gobierno, resoluciones, además de dos funciones destacadas: la opción para comparar candidatos y sobre expedientes de dádivas.

En su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra mencionó el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales como uno de los cuatro temas que busca someter a referéndum.

Aunque el Ejecutivo aún no detalla en qué consistirá la propuesta, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, adelantó en una entrevista publicada ayer por este Diario que “definitivamente tiene que haber financiamiento privado” y que lo que se busca es “transparentar de mejor manera los recursos privados”.

Los cambios legales más recientes sobre el tema datan de noviembre del 2017, cuando la Ley 30689 modificó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Expertos consultados por El Comercio, sin embargo, resaltaron la complejidad de someter a referéndum el tema.

Para Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el financiamiento privado no requeriría modificación constitucional, sino cambios a la Ley de Organizaciones Políticas. “No creo que exista algo que merezca incorporarse a la Constitución sobre ese tema. En lo que ya más o menos hay acuerdo está incluido en la ley”, manifestó.

Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, consideró que el referéndum sobre el tema es posible, pero “depende de la claridad con que se formulen las preguntas y de la labor de información y difusión que se haga”.

Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, recordó que la Constitución de 1993 fue una norma general que también se sometió a referéndum. Asimismo, advirtió que la ley de publicidad estatal será un problema para que el gobierno difunda su posición a la ciudadanía. “Esto demuestra cómo el prohibir a rajatabla la publicidad en medios tiene una serie de consecuencias”, señaló.

Aun así, sea por vía constitucional o una modificación de leyes ya existentes, advirtieron que hay puntos pendientes de regulación.

1. Financiamiento público en campañas electorales.
Tuesta sostuvo que un asunto pendiente por evaluar es la entrega de dinero público para los partidos en campaña electoral, además del que se otorga desde el 2017 a agrupaciones con representación congresal.
“El partido reduce así sustantivamente la necesidad de extender la mano. El privado está en una situación de ventaja, lo va a condicionar. Nadie entrega dinero por gusto”, dijo. Távara apuntó que se tendría que definir si la medida se aplicaría a todas las campañas, pues los comicios generales representan los mayores gastos.

2. Sanciones penales por recepción de dinero ilegal.
Esto no solo se aplicaría para las campañas electorales, sino también para el funcionamiento normal de los partidos. En ese sentido, Távara planteó que el Código Penal tipifique el delito de financiamiento ilegal.

Para un mejor control, explicó, “debería involucrar tanto a aquel que entrega más dinero de lo permitido o de una fuente de procedencia ilegal, pero también al partido que recibe dinero de procedencia ilegal o por encima de lo permitido”. Entre las sanciones, sugirió la exclusión del partido del registro de organizaciones políticas o sanciones penales que pueden llevar incluso a la cárcel a aquel dirigente que recibe dinero de fuente prohibida.

Medina recordó que hay proyectos de ley presentados al respecto.

3. Topes a los gastos de campaña electoral.
Según Távara, si bien hay topes para lo que una persona puede aportar, también deberían establecerse para los gastos.
“En los últimos períodos electorales, el costo de las campañas se triplicó. Pero la calidad de la representación política no mejoró. Entonces, no es que a mayor gasto en campaña, mejores autoridades”, manifestó.

Para Medina, la medida es discutible. “Tiene la ventaja de fomentar la equidad, pero no es fácil de controlar”, dijo advirtiendo sobre posibles excesos.

4. Incrementar la franja electoral en campañas. 
Tuesta planteó esto al advertir que la gran parte del dinero de las campañas electorales se va en publicidad en medios de comunicación, principalmente la televisión. Con esta medida, indicó, se ayudaría a cubrir los gastos que ocasiona hacer política, nuevamente para reducir la dependencia del dinero privado.

Medina propuso establecer un registro de proveedores de servicios de campaña, como medios de comunicación y publicidad, para que la verificación sea más eficaz. Ello, agregó, permitiría una mejor capacidad para contrastar los informes partidarios. Para él, hay que “repensar la franja electoral. La actual no es útil, es muy poco efectiva y costosa. Cuesta aproximadamente US$10 millones. Y la relación costo-beneficio es muy baja”.

El martes se reunirán con el contralor subrogante, Pablo Celi. El órgano electoral transitorio quiere que se revisen los contratos de los últimos 7 años.

En la primera reunión que mantuvieron los cinco vocales temporales del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron enfocar su trabajo en cinco ejes que esperan cumplir en los dos meses que durará el encargo. El presidente (e), Gustavo Vega, manifestó que deberán darle velocidad y eficiencia a su gestión para que el cronograma electoral esté a punto para marzo de 2019, “vamos a respetar el calendario”. Vega recalcó que una de las primeras decisiones que tomarán será la de suspender la resolución del CNE cesado que dio inicio al período de elección de representantes al Consejo de Participación Ciudadana definitivo, que fue públicamente denunciado como inconstitucional.

También harán una revisión exhaustiva del presupuesto asignado para las próximas elecciones, con el objetivo de optimizar los gastos considerando que el país vive momentos de austeridad, “sin poner en riesgo la transparencia y responsabilidad de los procesos”, aclaró Vega. Sobre la base del informe técnico del consejo transitorio los vocales anunciaron que buscarán la manera de reparar los perjuicios ocasionados en contra de las organizaciones políticas.

La vicepresidenta (e) del CNE, Diana Atamaint, mencionó que identificarán el camino legal para devolver la inscripción en el registro electoral del movimiento “Ruptura de los 25”. Vega puntualizó que otro de los temas que encausarán es la transparencia de los procesos electorales, para lo cual “es vital la  revisión del padrón electoral en coordinación con el Registro Civil”. Agregó que eso sentará las bases “para garantizar que los procesos electorales de autoridades locales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2019 sean realizados con absoluta transparencia e igualdad de condiciones para los postulantes”.