Transparencia y accountability

La participación y control social es un derecho fundamental de los ciudadanos, no solamente para fortalecer la democracia de las naciones sino también para transparentar la gestión pública y contribuir a orientar desde la sociedad civil, la construcción de políticas públicas. El control social es la capacidad de la sociedad de regularse a sí misma, y esta regulación dependerá del grado en el que cada persona esté en condiciones de asumir objetivos comunes con otros para en conjunto interpelar a la acción estatal promoviendo prácticas democráticas y reduciendo la arbitrariedad y el abuso, de tal manera que, desde ese accionar, puede intervenir para vigilar el manejo de los recursos públicos, la inversión adecuada en una obra pública, la gestión correcta de una determinada autoridad, o, como el caso que nos ocupa: la designación ética y transparente de autoridades del Estado que no son de elección popular y tampoco de designación directa del Ejecutivo, sino de aquellas que lideran las instituciones de control, del sector justicia, de la administración electoral y otras que permiten la existencia de pesos y contrapesos en el diseño institucional, y que deben caracterizarse por su independencia.

En esta cartilla se resumen algunas acciones que pueden comprender la activación social para hacer control eficaz y oportuno en la designación de las autoridades señaladas anteriormente, con miras a contar con elementos que coadyuven al ideal democrático y disminuir la amenaza de modelos autoritarios, en el entendido de que las instituciones juegan un rol fundamental en ese propósito. Comprende también el análisis de la conveniencia de actuar desde lo colectivo agrupando a las diferentes expresiones de los intereses de la sociedad: gremios, organismos no gubernamentales, movimientos sociales, etc., en plataformas, coaliciones, frentes, que permitan una intervención con mayor fuerza que la que otorga la individualidad; espacios que deben partir de definir claramente los objetivos de control que se proponen y del establecimiento de un compromiso que permita el desarrollo de la actividad en tanto se requiere el concurso de todos con presencia política, recursos materiales y humanos que deberán ser cubiertos por el colectivo; la determinación de vocerías que representen a la iniciativa; la conformación de equipos de técnicos que recopilen información, realicen el seguimiento y análisis de esa información, realicen las actividades comunicacionales, entre otras actividades que –de ser el caso- deben estar a cargo de personas especializadas; generación de alianzas estratégicas que faciliten el desarrollo de la labor, etc.

La siguiente semana los consejeros consensuarán los reglamentos para designar al Procurador General del Estado, al Contralor y al Superintendente de Comunicación. Este último fue cesado por el organismo el pasado miércoles.

La elección de autoridades de las instituciones de control que no tienen titular es el siguiente paso que efectuará el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST), una vez que resolvió el miércoles pasado el cese de las funciones del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

En este último caso, los consejeros esperan que, de acuerdo con la normativa vigente, el Mandatario remita al organismo una terna para  proceder al trámite.

El consejero Luis Hernández anunció que al organismo transitorio le toca recibir la lista con los nombres de tres ciudadanos que proponga el Ejecutivo, en base a lo cual se organizarán los respectivos procesos de impugnación y veedurías.

Aclaró que por el momento los consejeros definen los lineamientos para los concursos. “Actualmente tenemos además autoridades que faltan por nominar, como al Contralor y Procurador (que cuentan con subrogantes). Hay temas por los cuales tendremos que cambiar las prioridades según como se vayan presentando las necesidades”.

Hernández mencionó que los concursos permitirán que rápidamente se nombre a los titulares. Así mismo reiteró que como modalidad de sesión acordaron reunirse los martes, miércoles y jueves a partir de las 09:00.

Sin embargo, en el caso de los consejeros que residen en otras provincias (que no son de Pichincha) eventualmente laborarán en sus respectivas localidades.

Esta semana, por ejemplo, retornaron a sus lugares de residencia Luis Macas y Miryam Félix López, mientras que el presidente Julio César Trujillo sigue con descanso por una afección gripal, pero los cuatro restantes estuvieron reunidos a fin de avanzar con las reformas a los reglamentos para elegir a las citadas autoridades.

El consejero manifestó que necesitan avanzar lo más rápido posible. “Estamos analizando el aspecto jurídico sobre el alcance de las evaluaciones, de acuerdo con el anexo determinado en la pregunta 3”.

En ese sentido coincidió Pablo Dávila. Para él es importante la revisión de los reglamentos, en base a los cuales el Consejo de Participación Ciudadana anterior efectuaba los concursos. 

Sobre esa base, agregó, se determinarán cuáles de esos parámetros pueden ser útiles y “cuáles no sirvieron para no cometer los mismos errores”.

De la misma manera analizan las condiciones  elementales que deben tener los candidatos para cumplir  con lo que el país espera y sean las más idóneas, “no repetiremos los errores que ya se han cometido”. 

Por eso no descartó la posibilidad de recomendar reformas legales.

El artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa señala que cesarán las funciones de dignidades de este organismo, en caso de separación conforme al trámite previsto en la normativa, pero ese procedimiento no está señalado.

La Asamblea Nacional está inmersa en un camino incierto. Es que las diferentes bancadas tienen su propia lectura respecto de una eventual destitución del presidente de la Legislatura, José Serrano. Y los acuerdos están lejos de producirse.

La semana pasada, el pleno aprobó las comparecencias del titular del Legislativo y del fiscal Carlos Baca.

En el primer caso surgen voces que señalan que el procedimiento para una destitución es complicado.

El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la cesación de funciones de dignidades. Señala que el presidente, vicepresidentes y vocales de la Asamblea cesarán en sus funciones por varias causales.

Estas son: cumplimiento del período para el cual fueron elegidos, renuncia a su calidad de asambleísta, renuncia a su dignidad como miembro del CAL; cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas establecidas en la Constitución,   muerte y destitución conforme al trámite previsto en esta ley.

Sin embargo, el trámite para proceder a la destitución del cargo de Presidente de la Asamblea no está señalado en la  normativa.

El experto en Derecho Parlamentario, Christian Proaño, opinó que si Serrano es llamado a comparecer, “no acarreará ningún efecto la intervención del titular de la legislatura, pues al final, en el escenario de que luego haya pedidos de destitución, no se puede hacer nada”.

Proaño recalcó que el procedimiento para la destitución de esa dignidad no existe; “a mi criterio incluso, no hay la posibilidad de un llamado  a comparecer y en caso de hacerlo lo hará de buena voluntad”.

La ley orgánica dice quién puede comparecer y en qué circunstancias. “Muchas veces llaman a un Ministro, que no está obligado a asistir, pero en el marco de la Fiscalización es mandatorio y este no es el caso”.

El experto acotó que la figura de la comparecencia es para las autoridades especificadas en el artículo 75 de la ley, que indica a cuáles funcionarios se puede fiscalizar, lo cual está en concordancia con el artículo 131 de la Constitución, entre los cuales no consta el cargo de Presidente  de la Asamblea Nacional.

Por eso, en el caso del Fiscal del Estado, si acude a la Asamblea y no satisface su explicación sobre la manera en que obtuvo la grabación y cómo la difundió, podría iniciarse un juicio político. Además la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), podría usar esos insumos para la evaluación que iniciará esta semana.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, aseguró que en la sesión del pleno de hoy se procederá al llamado a que acudan tanto al Fiscal como al Presidente de la Asamblea. Recordó que en la sesión de la semana pasada se aprobó la moción para tratar el tema con 90 votos a favor.

Torres dijo que la comparecencia es de suma importancia para conocer  el alcance y el contenido de los audios que difundió Baca, donde Serrano habla con Pólit sobre cómo “sacar al Fiscal del cargo”.

Sin embargo, dijo que una decisión sobre un eventual juicio político contra el Fiscal o el pedido de destitución contra Serrano solo se podría determinar luego de escuchar a las partes. “No puedo adelantar lo que se pueda decidir, pero no tenemos un procedimiento sobre la manera de proceder a una destitución del Presidente de la Asamblea; tampoco es imposible”.

Sobre la difusión del audio, dijo que ya se ha podido saber de manera preliminar  que “los hechos del 30-S fueron un montaje, ojalá después de la  comparecencia conozcamos algo más”.

El legislador aseguró que su bancada pidió las comparecencias. “No hemos hecho el ridículo de pedir la renuncia que no tiene ningún efecto (...) por eso hicimos lo que correspondía, llamarlos al pleno de la Asamblea, nosotros no pactamos con el correísmo”.

La asambleísta Doris Soliz de Revolución Ciudadana dijo que su bloque se encuentra expectante de las explicaciones, pues lo que se escucha en la grabación es sumamente grave.

Indicó que al igual que la ciudadanía, esperan esas declaraciones, “pues la institucionalidad de la Legislatura ha sido golpeada y debemos recuperarla, por eso hemos propuesto que amerita plantearse la reestructuración integral de todos los cargos de la Asamblea”.

Soliz piensa que en este tema la autoridad de quien preside la Asamblea está cuestionada. “Lo que queda es propiciar un diálogo con todas las bancadas para tomar una decisión, pero primero hay que escuchar a los involucrados”.

Aunque reconoció que no hay en la Ley de la Función Legislativa un procedimiento para un proceso de destitución, “hay una respuesta política que tendremos que dar a la ciudadanía”.

El jefe de la bancada de CREO, Roberto Gómez, aseguró que su bloque de 21 legisladores está a favor de la comparecencia, “pero al mismo tiempo  necesitamos tomar una dirección distinta que la población exige”.

Recordó que su grupo propuso pedir la renuncia de Serrano o la destitución con “el nombre que quiera dársele porque la resolución del pleno tiene cumplimiento obligatorio; no podemos dilatarlo más, ya conocemos el audio difundido”. Gómez recalcó que no es función de la Asamblea determinar si existe un delito.

Entre los catedráticos que conforman el colectivo están Gabriel Hidalgo, Klever Herrera, César Ulloa, Salim Zaidán, Lorena Grillo Jarrín, Patricio Haro Ayerve, Xavier Murillo Ulloa y Jorge Benavides Ordóñez. Ellos conforman la denominada Veeduría por la Democracia y se dedicarán a vigilar la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

Su presentación se realizó este lunes, 5 de marzo del 2018, en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), en el norte de Quito. Los veedores destacaron la importancia de que los integrantes de ese ente diseñen un reglamento para evaluar a las autoridades de control, como manda el anexo del referendo.

"El proceso de evaluación primero debe respetar los estándares internacionales del debido proceso. Debe recibir a las autoridades en audiencias públicas. Y también entregarles el espacio para que ejerzan su defensa", dijo Ulloa. Añadíó, en el futuro se podría evitar posibles demandas internacionales de estos funcionarios.

Para los integrantes, lo principal para que el Consejo inicie sus actividades es que la ciudadanía tenga claro cuáles autoridades están sujetas a la evaluación. Esta será la primera decisión que debe tener esta instancia. Por ejemplo, en el caso de los jueces de la Corte Constitucional se deberá primero analizar que instancia y bajo que administración los nombró.

Sobre la designación de autoridades, la Veeduría por la Democracia solicitará que se escojan perfiles técnicos en cada área. En la Fiscalía, por ejemplo, un abogado con formación y experiencia en el área penal. Y en la Contraloría alguien que "tenga las mejores credenciales, éticas y profesionales".

Para esto entregarán insumos al Cpccs transitorio que los ayuden a elaborar el reglamento para las evaluaciones. Y también para que se propongan proyectos de ley que mejores los procesos de transparencia, lucha contra la corrupción y participación ciudadana.

Red Innovación realizará una videoconferencia sobre los resultados del Indice de Democracia elaborados por The Economist. El evento contará con la participación de Mark Keller, analista de la Unidad de Inteligencia de The Economist. 

Haz clik aquí para conectarte: https://www.youtube.com/watch?v=gPCNikFg52c

Carlos Baca presentó ayer una grabación en donde presumiblemente conversan el excontralor Carlos Pólit y el presidente de la Asamblea, José Serrano. No especificó cómo la obtuvo ni las acciones legales que emprendería.

Un audio en que presuntamente el presidente de la Asamblea José Serrano y el excontralor Carlos Pólit dialogan sobre la manera de remover del cargo al fiscal Carlos Baca Mancheno fue difundido ayer por este último, lo que generó reacciones en los poderes del Estado.

Incluso el presidente de la República Lenín Moreno, quien ayer trabajó en Guayaquil, reaccionó en su cuenta de Twitter; mientras que asambleístas de diferentes bancadas emitieron criterios sobre esta revelación.

A las 09:15, el fiscal Carlos Baca Mancheno se presentó a los medios de comunicación. En principio se creía que iba a explicar sobre los diálogos con su similar de Colombia.

Sin embargo, sorprendió con el audio, no sin antes alertar que tenía una importante noticia que difundir.

Pidió que escucharan el audio en el que aparentemente Pólit y Serrano conversaban. En un fragmento se escucha, supuestamente, al titular de la Asamblea: “Baca es un miserable, obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo”.

Más adelante prosigue: “como él maneja estos temas y el hermano (Patricio Baca Mancheno) el tema electoral, entonces ellos tienen fuerte presencia (...), pero definitivamente tenemos que bajarle (...), no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año”.

Al final de la grabación, que dura algo más de 4 minutos, interviene otra persona que Baca no identificó.

Según el Fiscal, aquello evidencia el presunto interés de Serrano de sacarlo de sus funciones. “El pasado 17 de enero anticipé al país que detrás de los ataques al Fiscal del Estado se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de corte para quienes resultaba un peligro”.

Advirtió que ponía “en alerta si le pasaba algo a mi esposa, hijos, hermanos, a mí, a mis colaboradores; hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar”.

Así mismo, Baca dijo que  el audio evidencia que existe intercambio y manipulación de documentos y que la “amiga” que se escucha en la conversación se refiere a “la fiscal subrogante Thania Moreno”, quien tiene abiertas 3 indagaciones en su contra.

Luego de su intervención, el Fiscal se retiró y no se dio paso a las inquietudes de la prensa; tampoco explicó de qué forma obtuvo el audio, así como las posibles acciones que pueda emprender.

La revelación del audio originó  el pronunciamiento del mandatario Lenín Moreno en su cuenta de Twitter.

“Respecto de las declaraciones del Fiscal General he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El Gobierno Nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y al compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción”, afirmó.

Al respecto el presidente del colegio de abogados de Pichincha, Ramiro García, se preguntó de qué manera se obtuvo este audio y si existe la autorización de un juez, de lo contrario no podría usarse como material probatorio en un posible proceso futuro.

El jurista consideró que  más allá de la existencia de presuntos delitos, lo que se desprende es que “hay una disputa mafiosa  dentro de la estructura de poder”. 

Respuesta de Serrano

Mientras que José Serrano  afirmó que, en efecto, esa conversación se produjo el año anterior y que él recibe llamadas y visitas de funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos que lo buscan para realizar algunas denuncias.

Calificó la presentación del audio como un “acto de intimidación”, por lo que esto será denunciado ante la Fiscalía. “Debe judicializarse el contexto de la conversación”.

Agregó que junto con la denuncia presentará la documentación sobre el caso del 30-S y que la entregará a una comisión ocasional que creará con los jefes de bancada y que trabajará en un periodo de 30 días.

Y aseguró que este acto busca desestabilizar la institucionalidad del país. Luego acudió a la Fiscalía para entregar la documentación. 

Transparencia Internacional presentó su informe anual global sobre la percepción de corrupción del sector público. Pese a algunas excepciones, Latinoamérica sigue en niveles críticos.

La organización alemana, Transparencia Internacional, reveló su más reciente informe sobre la percepción de corrupción para el año 2017. El índice se calcula de 0 a 100, respectivamente de altamente corrupto a muy transparente y se establece gracias a expertos y actores del sector privado y su apreciación de la transparencia de lo público. En un panel de 180 países, los mejores alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia mientras que los peores son Somalia, Sudán del Sur y Siria.

La ONG lamenta que las mejoras sean muy sensibles o inexistentes, de hecho, resalta que los dos tercios de los países no superan el puntaje 50, lo cual corresponde a niveles altos de corrupción y que el promedio global sea solamente de 43. Denuncia también que “los activistas y los periodistas en los países corruptos arriesgan diariamente sus vidas por el hecho de denunciar”. Transparencia avanza la cifra que al menos 1 periodista es asesinado por semana en un país altamente corrupto.

América Latina no logra salir de la zona roja del índice sobre percepción de corrupción

El informe revela que la percepción de la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances. La organización resalta la creación de legislaciones fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en Ecuador y Perú. No obstante, estos avances no son generalizados y “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región”, argumenta la ONG.

En la tabla de 180 naciones, la peor calificada según el índice es Venezuela en el puesto 169 con un puntaje de 18. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala entre los peores calificados sobre la percepción de corrupción.

Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación entre 29 y 32, muy alejada a la mejor calificada de todo el contiente americano: Canadá, con 82 de puntaje en transparencia y un honroso octavo lugar en el ranking mundial.

La voluntad política acerca de la lucha anticorrupción sufre de variaciones importantes entre países y eso podría explicar en parte el estancamiento de la región. Los países que consideran esta cuestión como prioritaria y actúan con un aparato legislativo eficaz, basado “mediante el consenso y la participación política”, logran mejorar sus puntuaciones rápidamente.

Mientras tanto, los países que no consideran este tema como prioritario empeoran cada año, revela el análisis.

Transparencia Internacional recomienda que se apliquen cambios de fondo sobre el “financiamiento de la política, de las contrataciones públicas y del fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes” para que se puedan notar cambios reales.

Seis países latinoamericanos celebrarán elecciones en 2018

El año 2018 es un año de elección en la región y no hay campaña que no trate del tema. Los casos de corrupción de la multinacional Odebrecht, lejos de estar todos eludidos, han revelado prácticas tristemente similares en la región en cuanto a los sobornos y a los financiamientos ilícitos. En 6 países latinoamericanos los ciudadanos estarán llamados a las urnas este año, dentro de ellos Venezuela, Colombia y México que tienen indicios de corrupción muy altos.

En Colombia, que va a vivir 2 escrutinios fundamentales en marzo y mayo, todos los candidatos tienen propuestas para frenar la corrupción. En particular, el país ha bajado 6 puestos entre 2016 y 2017 en la clasificación de Transparencia Internacional, pasando del puesto 90 a 96. El debate se seguirá intensificando en víspera de las elecciones, pero hay mucha incertidumbre acerca de la aplicación real de medidas con las que recomiendan las organizaciones internacionales.